Moncloa gasta 18.000 euros en «ayuda técnica» para «clasificar» las preguntas parlamentarias

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 21/10/2019 06:45
  • Actualizado: 21/10/2019 18:16

El Gobierno de Pedro Sánchez tira de chequera para administrar las preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo por los diferentes grupos de la oposición. Tanto es así que el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad que dirige Carmen Calvo ha destinado 18.089,50 euros a contratar un «servicio de asistencia técnica para configuración e implantación de un sistema de clasificación automática» de tales preguntas parlamentarias.

El contrato fue aprobado a finales de julio, con un plazo de ejecución de ocho semanas, y se otorgó a través de la Subdirección General de Tecnologías y Servicios de la Información del Ministerio de Presidencia a la firma Indra Soluciones Tecnologías de la Información SL.

Esta compañía es la misma que ha recibido del Ministerio del Interior la adjudicación para el recuento de las próximas elecciones del 10 de noviembre. En este caso, el procedimiento ha sido de emergencia y no ha habido concurso alguno. En concreto, esta empresa será la responsable de la gestión y la difusión del escrutinio provisional de los votos. El importe ha ascendido a 5,9 millones de euros (impuestos excluidos), una cuantía similar a la de los anteriores comicios.

El departamento encargado de administrar las preguntas parlamentarias es la secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, que dirige el socialista José Antonio Montilla Martos. Nacido en Córdoba y diputado por Granada, este colaborador de Carmen Calvo vuelve a repetir como cabeza de lista por esta provincia en las generales del 10-N.

«Materia clasificada»

Aunque la secretaría de Estado de Montilla recurra a este sistema externalizado, ello no garantiza que el Ejecutivo vaya a dar una respuesta oportuna a las preguntas de la oposición. Tal es así que la transparencia de este departamento y, por ende del Gobierno, ha quedado en entredicho desde que Sánchez llegó al poder por recurrir al mantra de «materia clasificada» para no ofrecer los datos exigidos, por ejemplo, sobre los viajes del presidente en el Falcon o de miembros del Gobierno en el Airbus para asistir a Consejos de Ministros fuera de Madrid.