Los ministros de Sumar exigen a Sánchez regularizar a ilegales en centros de internamiento con órdenes de expulsión

Sumar, formación de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que incluya en el proceso de regularización masiva a los inmigrantes ilegales que se encuentran en centros de internamiento con órdenes de expulsión activas.

La iniciativa la han presentado, concretamente, representantes de Más Madrid, partido encabezado por la ministra de Sanidad, Mónica García. Las diputadas Tesh Sidi y Alda Recas han expresado su posición mediante una pregunta parlamentaria para respuesta por escrito del Ejecutivo del que forman parte.

El texto de Más Madrid versa sobre los «mecanismos previstos para facilitar el acceso a la solicitud de regularización» a los ilegales en un centro de internamiento de extranjeros. También quiere «garantizar y supervisar» que no se dictan ni ejecutan «órdenes de expulsión respecto de personas migrantes que acrediten condiciones de arraigo».

En ese mismo sentido, el partido coaligado con la formación fundada por Yolanda Díaz exige «mecanismos de transparencia previstos para conocer el número de ciudadanos que se encuentran en estos centros de internamiento y en centros penitenciarios ordinarios».

El partido de Mónica García se ha hecho eco de investigaciones de entidades sociales que aseguran que hay personas extranjeras que «se encuentran inmersas en procedimientos de expulsión» pese a que cuentan con «arraigo social, familiar y comunitario acreditado» que les permitiría acogerse a la regularización masiva aprobada por el Gobierno de Sánchez.

Orden de expulsión por irregularidad

«Son ciudadanos que se encuentran privados de libertad en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIES), y que cumplen con todos los requisitos que contempla el Real Decreto mencionado», argumentan las diputadas de Más Madrid. Los internos en esas instalaciones son habitualmente extranjeros irregulares y, por tanto, no están legalmente en España. Las órdenes de expulsión pueden deberse a su situación administrativa aunque no tengan antecedentes penales.

Las representantes de la coalición magenta ponen sobre la mesa el nombre y apellidos de dos extranjeros. Por una parte, habla de un «joven de origen marroquí residente en España» con «vínculos familiares y sociales consolidados». En su caso, está «internado en el CIE de Algeciras y está pendiente de la ejecución en las próximas semanas de una orden de expulsión».

Por otro lado, habla de otro caso de un marroquí residente en España que cuya expulsión debió haberse ejecutado el pasado 17 de abril, pero que, finalmente, el Gobierno frenó por tener registrada una solicitud de residencia por arraigo. El Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones de Elma Saiz solicitó a la cartera de Interior que se parase ese procedimiento. Finalmente, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska ha decidido no sólo detener ese proceso, sino liberarlo.

Desde Más Madrid ponen como ejemplo esas dos situaciones para asegurar que se «evidencia una posible falta de coordinación entre administraciones y una vulneración de derechos teniendo en cuenta que el propio Reglamento, según ha anunciado el Ejecutivo, contempla que, si las entidades reconocen dicha situación de arraigo, podrán acogerse a la regularización».

Regularización masiva de inmigrantes

PSOE y Podemos acordaron a finales de enero una regularización masiva de inmigrantes que, posteriormente, acabó aprobándose en el Consejo de Ministros.

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y, en sus primeros cálculos, puede suponer la regularización de más de medio millón de personas, pero que podrían ser 300.000 más si recurren a la figura del arraigo. Esto permitiría también incluir a familiares de estos beneficiarios. Tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado en Bruselas sobre los efectos de la regularización masiva de Sánchez: «Europa tiene que decir quién entra y en qué condiciones». Y advierte de que las políticas del Ejecutivo español «fomentan el efecto llamada» tras el estallido de la guerra de Irán.