Un médico de la comisión que autorizó la muerte de Noelia está querellado por ser del movimiento pro-eutanasia

Un artículo de opinión publicado en marzo de 2021 se ha convertido en la pieza central de una querella penal por prevaricación contra miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC). Su autor, Josep Maria Busquets Font, médico que posteriormente se incorporó como secretario al mismo organismo que había criticado, había escrito que los trámites de control previstos en la futura ley de eutanasia eran «claramente contraproducentes», que «no aportan valor añadido» y que podían «aumentar el sufrimiento del enfermo».

Tal como ha podido saber OKDIARIO, la Fundación Española de Abogados Cristianos utilizó ese texto como prueba documental de sesgo ideológico en la querella presentada el 23 de septiembre de 2025 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El caso tiene como hilo conductor la eutanasia de Noelia Castillo Ramos, la ya célebre joven barcelonesa de 25 años que intentó suicidarse tras una supuesta agresión sexual y que recibió la muerte asistida el pasado jueves. Su caso generó desde el inicio una cascada de acciones judiciales promovidas por Abogados Cristianos.

La crítica al control previo

El núcleo del texto que centra la polémica es su impugnación del mecanismo de supervisión que la ley encomendaría precisamente a organismos como la CGEC. Busquets Font sostenía que «con el control previo por parte de la comisión de evaluación, el paciente debe demostrar que su sufrimiento es suficientemente grande para que un grupo de personas ajenas autorice remediarlo». Y añadía que, si el enfermo o su médico no tienen «suficiente habilidad para demostrar lo que es indemostrable, quedará condenado a seguir sufriendo».

El autor también cuestionaba la legitimidad técnica de esos órganos: «Si ni los profesionales sanitarios, que están familiarizados con tratar el sufrimiento de sus pacientes, pueden evaluar de manera objetiva, menos comprensible es que un jurista, habitualmente desde un despacho, pueda aportar mucha más luz.»

Meses después de publicar esas palabras, Busquets Font fue nombrado secretario de la CGEC mediante una resolución de julio de 2021 firmada por el entonces consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon. Ese acto administrativo es el que la querella identifica como el origen del presunto delito de prevaricación en la contratación de personal público, tipificado en el artículo 405 del Código Penal.

La Fiscalía pide archivo

Mientras esa querella sigue su curso ante el TSJ de Cataluña, la Fiscalía de Barcelona ha solicitado en las últimas horas el sobreseimiento de una causa distinta pero íntimamente ligada al mismo expediente.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona investiga a otros dos profesionales de la comisión —un médico y una jurista— contra los que la misma fundación presentó una querella por presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

Según esa querella, ambos habrían reconocido en sede judicial que «simularon un desacuerdo inexistente para forzar que la decisión tuviese que elevarse al pleno» de la CGEC, «alterando así el cauce legalmente previsto y blindando administrativamente la autorización».

Sin embargo, la titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Barcelona, que ya había avalado la eutanasia de Noelia en primera instancia, descartó irregularidades: «No se aprecia ningún indicio de delito en la actuación de los profesionales.»

La juez explicó que la jurista integrante de la dupla hizo constar en su informe que el sufrimiento de la paciente le generaba «dudas» sobre si podía considerarse grave, crónico e imposibilitante conforme a la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, por lo que emitió un informe desfavorable.

Esa discrepancia motivó que el caso se elevara al pleno de la comisión, compuesto por 19 miembros, que lo aprobó por unanimidad. La magistrada entendió que ese proceder no vicia la nulidad del procedimiento, sino que «otorga a la decisión de mayores garantías».

El Juzgado de Instrucción número 20 admitió a trámite la querella únicamente con la finalidad de recabar la sentencia del contencioso-administrativo, aclarando que «dicha solicitud de testimonios no podía hacerse de otra forma que admitiendo a trámite la querella, al objeto de que la petición de la documentación aludida tuviera cobertura legal». Recibida esa documentación, el ministerio público ha concluido que los hechos carecen de relevancia penal.

Esa resolución del contencioso fue posteriormente confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Varias instancias judiciales las que han examinado el expediente de Noelia sin hallar irregularidades y avalando la muerte asistida a la joven.

Que un artículo de opinión, escrito con la probidad intelectual de quien expone sus convicciones antes de ocupar un cargo, haya acabado convertido en prueba de cargo en una querella penal ilustra la intensidad del conflicto que rodea la aplicación de la eutanasia en España.