Marlaska desmantela a la Policía en el País Vasco: da a la Erzaintza competencias en explosivos y Extranjería

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, da otro paso en el desmantelamiento de la Policía Nacional en el País Vasco: la Ertzaintza participará en el ámbito de Extranjería y se incorporará en los planes anuales de inspección en materia de precursores de explosivos, mediante la adaptación normativa que se requiera y en coordinación con los órganos estatales competentes.

Asimismo, Interior llevará a cabo la modificación normativa necesaria para que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Ertzaintza reciban las comunicaciones previas relativas a operaciones con drones (UAS) en el País Vasco y se ocupen de la gestión administrativa de estas operaciones.

Estos acuerdos se han producido este miércoles en la Junta de Seguridad del País Vasco, que han presidido Marlaska, y el consejero de Seguridad vasco, Bingen Zupiria, y se ha celebrado por vía telemática.

Entre otros asuntos, también han abordado la inclusión de la Ertzaintza en el Punto de Contacto Único del Portal Europeo de Búsqueda, la plataforma comunitaria de intercambio de información policial, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. A partir de ahora, el Cuerpo autonómico participará en este portal «con el objetivo de recabar la información que precise en el marco de su actividad y sus competencias operativas».

En julio del año pasado, en una de estas juntas, también cerraron un acuerdo por el que la Ertzaintza asumiría desde aquel mismo día las competencias de seguridad y orden público en los puertos y aeropuertos de esa comunidad autónoma, unas funciones que hasta entonces venían realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Este desmantelamiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil también lo está llevando a cabo en Cataluña. Por ejemplo, el pasado mes de mayo fulminó a la unidad de élite de rescate subacuático de la Guardia Civil en la Costa Brava, como reveló OKDIARIO en exclusiva. Reglamento de armas blancas

Desmantelamiento por intereses políticos

El sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, ha mostrado su más absoluto rechazo a la decisión de Marlaska de continuar impulsando el traspaso de competencias a la Ertzaintza. Denuncia que «esta política responde exclusivamente a los compromisos políticos del Gobierno con sus socios nacionalistas y no a criterios de eficacia, Seguridad o interés general».

Para Jupol, esta nueva cesión confirma una estrategia iniciada hace tiempo cuyo único objetivo es «reducir progresivamente el papel de la Policía Nacional en aquellas comunidades donde los intereses parlamentarios del Gobierno pesan más que la seguridad de los ciudadanos».

Además, destaca que resulta especialmente grave que estas decisiones se adopten sin contar con los representantes de los policías nacionales, «ignorando por completo el impacto que tienen sobre las plantillas, la planificación operativa y el futuro profesional de miles de agentes que prestan servicio con absoluta profesionalidad en el País Vasco».

«Mientras el Ministerio sigue sin atender las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional, como son la equiparación salarial real, jubilación digna, reconocimiento como profesión de riesgo, actualización del catálogo de puestos de trabajo o mejora de las indemnizaciones por servicio, sí encuentra tiempo para seguir vaciando de competencias a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», critica Laura García, portavoz de Jupol.

Además, recuerda que la Policía Nacional ha demostrado durante décadas «su capacidad, experiencia y eficacia en la protección de infraestructuras estratégicas y en la garantía de la seguridad pública», y que «debilitar su presencia por motivos exclusivamente políticos supone un grave error que pone en riesgo el modelo policial y rompe el principio de igualdad de todos los españoles».

Riesgos para la seguridad y la igualdad

Jupol también denuncia que esta delegación de competencias «rompe el principio de unidad y pone en riesgo la eficacia de las políticas de Extranjería y Seguridad».

Este sindicato recuerda que la inmigración, según el artículo 149.1. 2ª de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado, ya que afecta a la Seguridad, la Economía y la cohesión social del país, y destaca que «permitir que una comunidad autónoma gestione estas competencias podría generar desigualdades y un efecto llamado con consecuencias imprevisibles».

Asimismo, indica que la falta de coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad puede derivar en un aumento de la delincuencia organizada y en una gestión deficiente de los flujos migratorios.

Además, este sindicato advierte de que esta política de cesiones permanentes genera incertidumbre entre los agentes destinados en el País Vasco y abre la puerta a nuevos traspasos de competencias en otros territorios, consolidando un proceso de fragmentación del modelo de seguridad del Estado.

Desde Jupol exigen al Ministerio del Interior que «abandone esta política de cesiones, defienda el papel constitucional de la Policía Nacional y garantice que cualquier modificación del modelo policial responda únicamente al interés general y a criterios técnicos, nunca a acuerdos políticos destinados a garantizar la supervivencia parlamentaria del Gobierno».

No seas el salvavidas de la Administración

Jupol recuerda que la organización mantiene abierto un conflicto colectivo con la Administración ante «la falta de negociación y el abandono que sufren los policías nacionales».

En este contexto, el sindicato ha puesto en marcha precisamente este miércoles la campaña No seas el salvavidas de la Administración, mediante la que solicita a los agentes que no realicen servicios voluntarios con los que el Ministerio del Interior pretende paliar la falta de planificación y de personal.

Jupol insiste en que los policías nacionales no pueden seguir asumiendo con su esfuerzo y sacrificio las consecuencias de una gestión deficiente mientras el Gobierno continúa desmantelando competencias, incumpliendo sus compromisos y dando la espalda a las reivindicaciones históricas de la Policía Nacional.

«La seguridad de los españoles no puede seguir utilizándose como moneda de cambio en una negociación política», subraya.