Marlaska dará uniformes nuevos a los funcionarios de prisiones tras desvelar OKDIARIO que sólo admiten 5 lavados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dará uniformes nuevos a los funcionarios de prisiones tras desvelar OKDIARIO hace justo un año que algunas de las prendas que se les han entregado sólo admiten cinco lavados, como es el caso de los chubasqueros, y que si se lavan del derecho, se les borran las letras y no se les puede echar suavizante por el mismo motivo.

Marlaska prevé gastar hasta 2.378.031 millones de euros en chubasqueros nuevos que admitan más coladas. Como mínimo 30 lavados sin que se les borren las letras y la bandera de España que llevan mediante una impresión transfer. Así se especifica en los pliegos de la licitación, que ha sido publicado esta semana en la Plataforma de contratación del sector público y da de plazo hasta el próximo 22 de julio para la presentación de ofertas. Es el expediente 2026/00051.

El chubasquero lleva en la parte delantera, a la altura del pecho, un transfer que pone «Instituciones Penitenciarias» en color blanco y la enseña nacional, y en la espalda las siglas «IIPP», también en color blanco.

Las prendas las hacen los presos

Los funcionarios de prisiones tienen nueva uniformidad desde hace un año y medio y, en su mayoría, la hacen los presos, como también reveló OKDIARIO en su día. Sin embargo, el personal está que trina con los nuevos uniformes, que si bien «han mejorado respecto al anterior en cuanto a apariencia, siguen dejando mucho que desear en cuanto a calidad». 

«Las prendas no son cómodas, ni funcionales, ni transpirables», sostiene la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), y critica que la calidad de las mismas «no sea garantizada por una empresa auditora externa a la Administración Penitenciaria, respecto a los tejidos, confección y si son acordes al pliego de prescripciones técnicas».

El verano pasado, los funcionarios de prisiones recibieron instrucciones de «mantenimiento y conservación» de las prendas, como la recomendación de «máximo cinco lavados» para el chubasquero; que a los polos, el forro polar y el pantalón no se les eche suavizante al lavarlos ni se planchen; y que las que lleven el logo estampado, se laven del revés.

Y ello con la advertencia de que si no se siguen, «se producirá el deterioro del tejido de las diferentes prendas que conforman la uniformidad».

Por aquellas fechas, ya llevaban las prendas con las letras y la bandera de España despegándose. Una chapuza ante la que se alzó la APFP en OKDIARIO denunciando las deficiencias y problemas que presentan y exigiendo a Interior que le entregue uniformes de mayor calidad. Por ejemplo, esta asociación considera más acertado que las letras y la bandera vayan bordadas, por su durabilidad.

«Lo lógico es que los uniformes sean realizados por empresas textiles especializadas, en vez de por presos, y que pasen un control de calidad», subraya Gonzalo Arboledas, presidente de la APFP. «No todo vale para ahorrar costes», critica indignado, ya que los funcionarios sufren en sus carnes los estragos de la «mala calidad» de las prendas.

Además, según informa, las suelas de los zapatos y las botas tampoco son suficientemente antideslizantes. Otra de sus críticas es que sólo les han proporcionado dos polos y dos pantalones, y en el caso de vigilancia interior es «totalmente insuficiente», según la APFP, debido a las 16 horas continuas que trabajan en turno de mañana y tarde.

Desde el Gobierno de Zapatero

Hasta 2008, los uniformes los realizaba El Corte Inglés. Durante aquella etapa, los funcionarios iban a cualquiera de sus centros y se les tomaba la talla. «La uniformidad era parecida a la de los conductores de autobús de ALSA, de color azul la camisa y gris marengo el pantalón, y de mayor calidad, comodidad y transpirabilidad», explica Gonzalo Arboledas.

Posteriormente, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el uniforme era de color beige en la parte superior, con el escudo de Instituciones Penitenciarias bordado, y el pantalón en gris marengo. Fue bajo el mandato de Zapatero cuando se impuso que algunas de las prendas las hicieran los presos, mientras que otra parte seguían siendo de la citada cadena de grandes almacenes. Un sistema mixto que estuvo vigente durante 15 años.

Y ya bajo el mandato de Marlaska, la nueva uniformidad es realizada prácticamente en su totalidad por internos. El uniforme actual es de color azul marino.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias tiene suscritos varios encargos con una entidad de derecho público llamada Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE), entre los cuales se encuentra el suministro y reposición anual de prendas para la uniformidad del personal penitenciario. Ambas entidades están presididas por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

TPFE adquiere los tejidos y los trabajos de producción se realizan en centros penitenciarios de Córdoba, El Dueso (Cantabria), Jaén, Alcalá de Henares (Madrid), Soto del Real (Madrid), Topas (Salamanca), Segovia y Puerto de Santa María (Cádiz).

Se cuecen de calor en verano

La APFP también destaca que «por motivos de seguridad, uso continuado y climatología» las prendas de los profesionales penitenciarios deben tener unas características excepcionales en relación a otra ropa laboral, algo que no se tiene ahora.

Según explica, el pantalón que se les entrega es de todo tiempo, con un tejido compuesto en un 58% por poliamida, en un 22% por poliéster y en un 10% por elastano, mientras que los polos están fabricados 100% en poliéster.

Afirma que «al ser tejidos que retienen el calor y no absorben la humedad», en verano pasan «muchísimo calor» con estas prendas, por lo que los funcionarios de prisiones de vigilancia interior se ven obligados, los días que realizan jornadas de 16 horas continuas, a lavar el uniforme por la noche para poder usarlo limpio al día siguiente, ya que sólo se les entregan dos unidades.

La APFP exige que se les proporcionen uniformes de mayor calidad, con prendas adecuadas para el invierno y otras para verano, y que a los funcionarios de vigilancia penitenciaria se les provea de más unidades para que tengan de repuesto tras un doblete.

También reclama «más prendas de abrigo, como un jersey, camisas de manga larga y corta o chaqueta, unas prendas que el anterior uniforme sí tenía».

Asimismo, ve necesario que se dote a los funcionarios de prisiones de chalecos antipinchazo, como llevan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que la uniformidad tenga reflectante para que se distinga rápidamente a los internos del personal en casos de motines, alteraciones graves, incidentes e incendios.

El principal problema que sufren estos profesionales son las agresiones a manos de internos, que han ido en aumento y, sin embargo, Marlaska sigue reconocerles la profesión de riesgo, como ocurre también con los policías y los guardias civiles. La APFP denuncia que «la política buenista» de Marlaska de reducir los clasificados en primer grado –régimen cerrado– «ha disparado la espiral de violencia en las prisiones» y «reina la impunidad».

Desde 2010, cuando empezaron a contabilizarse, se han registrado más de 5.800 agresiones. Y con Marlaska como ministro se han producido 223 agresiones físicas en 2018, 223 en 2019, 176 en 2020, 159 en 2021, 453 en 2022, 508 en 2023, 504 en 2024 y 529 en 2025.

Además, las agresiones sexuales de presos a trabajadoras penitenciarias se han triplicado en tres años.  Han pasado de 43 en 2023 a 117 en 2025, según un informe de Interior al que ha tenido acceso OKDIARIO.