Marlaska contrata de emergencia pruebas de identidad por la inmigración masiva en Baleares antes de la regularización

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha suscrito un contrato «de emergencia» para adquirir pruebas genéticas con las que establecer la identidad de los extranjeros llegados a las costas de las Islas Baleares. Allí, la inmigración ilegal se disparó un 24,5% justo antes de la regularización masiva, es decir, en 2025. Se trataría, por tanto, de personas en situación administrativa irregular que podrían ser beneficiarias de este procedimiento.

La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, dependiente de la cartera del Interior, suscribió una licitación para declarar «de emergencia» la contratación de los suministros y servicios necesarios para «atender el incremento de la llegada de migrantes a las costas de las Islas Baleares».

El contrato busca suministrar a las autoridades «dos equipos móviles de identificación genética» por valor de 348.409,83 euros. Esta tarea la ha realizado una empresa intermediaria de productos de laboratorio, Life Technologies. El contrato se adjudicó en 2025, en plena oleada de llegadas, pero se formalizó y entró en vigor a mediados de mayo de 2026.

La cartera de Marslaka, para hacer frente a esta necesidad, ha optado por un contrato «negociado sin publicidad» y de «emergencia», es decir, sin los habituales procesos abiertos por los que pueden presentarse todas las empresas que lo deseen.

Medio «extraordinario excepcional»

Interior asegura que se han visto abocados a utilizar un «procedimiento extraordinario excepcional» porque «los mecanismos de contratación» habituales «no permiten dar respuesta a la situación con la celeridad que se requiere».

De hecho, el propio contrato explicitaba que se vivía una «extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles» para la Subdirección General.

«La elevada afluencia de personas inmigrantes en las Islas Baleares de los últimos tiempos ha provocado retrasos significativos en la gestión y acumulación en la remisión de las muestras biológicas desde Baleares a los laboratorios de ADN, para su análisis genético», subraya el documento de adjudicación facilitado por Interior.

El último informe de Seguridad Nacional señaló que «la Ruta del Mediterráneo Occidental (Baleares), contrariamente a la tendencia general, ha experimentado un incremento en la intensidad de los flujos migratorios». Concretamente, se detallaba que las llegadas a las Islas Baleares «han aumentado un 24,5%, representando el 20% de las entradas» en España en el 2025.

En ese informe, el organismo dependiente de la Presidencia del Gobierno alertó sobre el «aumento reseñable» de la inmigración de Somalia en 2025, un país al que el Gobierno «desaconseja viajar bajo cualquier circunstancia» porque «la amenaza terrorista es muy alta» y avisa del «riesgo de piratería en la costa».

Beneficiarios de la regularización

Estas personas podrán ser beneficiarias de la regularización masiva del Gobierno de Sánchez, ya que llegaron antes de diciembre de 2025, siempre y cuando puedan demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

Precisamente, el Consejo de Seguridad Nacional ya alertó al Ejecutivo de Sánchez de que los flujos de inmigración irregular, que ahora va a legalizar el Gobierno socialista a través de una regularización masiva, podían ser «utilizados por individuos vinculados al terrorismo que se valen de estos movimientos para alcanzar el continente europeo». Es decir, que entre la ingente cantidad de personas llegadas a nuestras costas, estas organizaciones podrían aprovechar para introducir terroristas en España.

Este contrato no es el único que ha tenido que suscribir Interior ante la avalancha migratoria que ha vivido Baleares. En total, el Ministerio de Marlaska ha tenido que destinar cerca de 2 millones de euros en contratos de emergencia por este motivo.