Marchena acaba mandato: Martínez Arrieta se quedará en funciones y Ana Ferrer, favorita para sustituirle

El actual presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, acaba su mandato a principios de noviembre de este año y le sucederá en el cargo el magistrado más antiguo de la Sala: Andrés Martínez Arrieta. Tras ello, los jueces que quieran ocupar esta plaza tendrán que presentarse a la misma y el recién renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá qué candidato es el más idóneo.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que la magistrada Ana Ferrer es la favorita del ala izquierdista del órgano de Gobierno de los jueces. Incluso, los diez vocales de este bloque llegaron a proponerla como segunda opción a ocupar la presidencia del Tribunal Supremo. No salió, pero ahora parte como favorita para ocupar el liderazgo de la Sala clave del Supremo.

Manuel Marchena fue nombrado presidente de la Sala de lo Penal el 10 de octubre de 2014, tras conseguir 11 votos a favor del CGPJ y arrebatándole la presidencia al actual jefe del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. En octubre de 2019 volvió a revalidar su cargo, siendo elegido por una mayoría aplastante de 19 votos a favor y dos abstenciones. La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) precisa que los presidentes de Sala «sólo podrán ser reelegidos una vez», es decir, que sólo puede estar un máximo de dos mandatos al frente. De este modo, Manuel Marchena debe abandonar el liderazgo al frente de la Sala de lo Penal tras una década. Fuentes consultadas aseguran que tampoco era su intención seguir. Las mencionadas fuentes también elogian su trabajo como presidente y destacan que ha logrado un ambiente excelente entre los magistrados.

La sucesión aún tardará unos meses en llegar. Serán los propios magistrados los que deban presentarse a ocupar esta plaza. Fuentes jurídicas pulsadas aseguran que lo natural es que le sustituya en el cargo un juez de la Sala Segunda, si bien pueden presentarse magistrados de otras salas. Las mencionadas fuentes no descartan que Martínez Arrieta pueda presentarse a la presidencia tras su paso en funciones. De hecho, ya se presentó para ser presidente de la Sala Quinta del Supremo. En todo caso será el CGPJ el que tenga que votar quién debe ocupar esta plaza, ya que tiene atribuida la potestad de realizar nombramientos.

El Pleno del órgano de Gobierno de los jueces también tiene pendientes otros nombramientos como el del vicepresidente que, según fuentes solventes, será a propuesta del bloque conservador. Precisan además que tendrá que estar vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Además, tendrán que cubrir el tercio de vacantes de jueces que existe en el Supremo o nombrar a los dirigentes de las comisiones en los próximos meses.

Ferrer consolida apoyos

La candidata favorita del bloque izquierdista es Ana Ferrer, que es magistrada de la Sala Segunda desde abril de 2014. Fuentes internas del CGPJ explican que los vocales quieren que ocupe este puesto de responsabilidad de nuevo una mujer. Ya consiguieron que, tras 200 años de historia, el Tribunal Supremo tuviera la primera presidenta mujer de la mano de Isabel Perelló. Ferrer fue su contrincante y consiguió cuatro apoyos en el bloque izquierdista del CGPJ. Finalmente, los otros 16 votos restantes catapultaron a Perelló a la presidencia del Alto Tribunal.

Ana Ferrer ingresó en la Carrera Judicial por oposición en 1984, es decir, hace 40 años. La candidata que parte con más apoyos en el Consejo ha ejercido en juzgados de Valdepeñas, Linares, Aranjuez, Leganés y Madrid. En 1996 obtuvo plaza de magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid y en 2008 fue nombrada presidenta de dicho órgano judicial, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como magistrada del Tribunal Supremo. Desde el Alto Tribunal, Ferrer ha protagonizado votos particulares como la decisión reciente de discrepar sobre no considerar amnistiable la malversación agravada en el caso de los condenados del procés. 

Según ha informado el CGPJ, Ana Ferrer ha realizado numerosas actividades docentes y de investigación jurídica. Ha sido profesora de Practicum y Máster en las universidades Autónoma y Alfonso X el Sabio de Madrid y ha intervenido como ponente en cuantiosos cursos y seminarios sobre asuntos penales y de violencia de género. Fue también coordinadora territorial en Madrid de la Escuela Judicial, miembro de la Comisión General de Codificación y formó parte de la Comisión Jurídica Asesora para la implantación de la Nueva Oficina Judicial.