Chaves: «El artículo 155 es una solución procedente que nunca debe ser descartada»

El ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves considera que el artículo 155 de la Constitución contempla una «solución procedente» ante el desafío independentista y, en consecuencia, su aplicación «nunca debe ser descartada», ni siquiera con carácter previo.

En un artículo publicado este martes por los diarios del Grupo Joly, aclara que el artículo 155 no contempla, en ningún caso, la suspensión de una autonomía o la disolución de sus órganos de gobierno, sino que establece que el Gobierno puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad «al cumplimiento obligatorio» de sus deberes, pudiendo incluso «dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas».

«Forma parte de la Constitución»

En definitiva, el Gobierno, de acuerdo con la mayoría absoluta del Senado, puede establecer un determinado control sobre la autonomía sin suspenderla, según Chaves, para quien ese artículo contempla una medida excepcional, similar a la establecida en otras constituciones europeas, para hacer frente a una situación de especial gravedad. «El artículo 155 forma parte de la Constitución aprobada por la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes y, en consecuencia, el Gobierno tiene toda la legitimidad del mundo para aplicarlo», señala.

En su opinión, la respuesta del Gobierno central debe ser no sólo eficaz sino también proporcional y evitar, ante una situación tan delicada, ahondar más la brecha abierta por los independentistas, y, en este contexto, no debe ser descartada la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Para Chaves, la convocatoria del pretendido «referéndum de autodeterminación» como paso previo a la declaración unilateral de independencia de Cataluña representa «un intento de golpe de Estado en el que sus promotores menosprecian las consecuencias políticas y económicas sobre los ciudadanos».

Ha señalado que existen razones políticas y constitucionales que avalan la decisión del Gobierno de impedir la celebración de la «consulta» y destaca que el PSOE, en el marco de una política de Estado, coincide con el Gobierno en la necesidad de preservar la soberanía de todos los españoles, es decir, de garantizar la vigencia de la Constitución española.