Un manifiesto contra la Ley de Memoria Histórica del PSOE dice que es «de tipo soviético»

Joaquín Leguina, Fernando Savater o el ex eurodiputado Marcelino Oreja, entre otras 150 personalidades, firman el ‘Manifiesto por la historia y la libertad’, que critica la nueva Ley de Memoria Histórica propuesta por el PSOE a la que acusa ser «de tipo soviético», «reabrir viejas heridas» y buscar imponer el «pensamiento único».

El documento ha sido firmado por personas como el historiador e hispanista Stanley Payne, los escritores Fernando Savater, Andrés Trapiello o Félix Ovejero; el socialista y expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina; el ensayista Antonio Escohotado; o el catedrático Juan Velarde. Además lo apoyan los periodistas Alfonso Ussía y Tom Burns; el político Rafael Arias-Salgado, que fue ministro con Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y José María Aznar; y el exministro y exeurodiputado Marcelino Oreja.

«Estamos ante una ley de tipo soviético que no debería ser propuesta por ningún partido, ni individuo, que respete la convivencia democrática en paz y en libertad», denuncia el manifiesto, que critica que a su juicio la nueva legislación puesta sobre la mesa por el PSOE «solo sirve para reabrir viejas heridas» que se creían «ya cicatrizadas».

Los firmantes consideran que resultaría «dramático» para la convivencia entre los españoles que, casi ochenta años después de finalizada la Guerra Civil y más de cuarenta después de la extinción del franquismo, «se intente anular la libertad de pensamiento de los españoles».

Censuran que el PSOE pretende, según ellos, dar «una vuelta de tuerca más» con su propuesta de reforma, en la que plantean declarar nulas las resoluciones judiciales y administrativas dictadas por motivos políticos durante el franquismo, crear una Comisión de la Verdad, ilegalizar entidades como la Fundación Francisco Franco y sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos.

«Los hechos históricos son históricos»

El manifiesto defiende que «los hechos históricos son históricos» y entiende que si saliese adelante esta reforma de la «mal llamada» Ley de Memoria Histórica de 2007, se estarían confrontando las ideas «bajo la mordaza y el castigo penal».

A su juicio, ningún parlamento puede ni debe legislar sobre la Historia, pues la «criminalizaría estableciendo una checa de pensamiento único». «El proyecto vulnera el principio de la verdad documentada», continúa, y añade que la invocación «a modo de pantalla» de la memoria de las víctimas del franquismo o su «equiparación» con otros regímenes totalitarios «son solo el envoltorio sentimental y manipulador de una ofensiva contra la libertad de los españoles».

«No se puede imponer por una ley un único relato de la historia, ya que ninguna ley debe o puede variar los hechos históricos», advierte el escrito, que carga contra el camino que comenzó con un «flagrante historicidio» con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007.

Ataque a la Constitución

La declaración califica de «espuria» esta propuesta por su intención de ilegalizar cualquier asociación o fundación «que sostenga puntos de vista diversos y plurales sobre los hechos acaecidos en el último siglo de la historia contemporánea de España».

Sostiene que supone un ataque a «los fundamentos de la Constitución y los valores superiores que su ordenamiento jurídico consagra», tales como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

«Resignificar» el Valle de los Caídos

En su iniciativa los socialistas también plantean medidas para los particulares a los que se les confiscaron bienes muebles e inmuebles –hasta ahora solo se ha restituido el patrimonio incautado a partidos y sindicatos–.

También prevé la aplicación de las recomendaciones del grupo de expertos que en 2011 planteó sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco para poder «resignificar» este espacio, de forma que deje de ser un lugar de memoria franquista y se convierta en un espacio para la cultura de la reconciliación y la memoria colectiva democrática.