Madrid desafía al bolivariano Sánchez: no regulará los alquileres ni penalizará las casas vacías
El acuerdo entre PSOE y Podemos para la Ley de la Vivienda incluye regular el precio de los alquileres
Moncloa anuncia un acuerdo con Podemos para aprobar los Presupuestos
La ley de intervención del alquiler en Cataluña provoca que la oferta caiga más de un 40% en un año
Madrid se ha plantado ante la deriva bolivariana que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez. Ni la Comunidad, con Isabel Díaz Ayuso al frente, ni el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida van a regular el precio de los alquileres ni penalizar a las viviendas vacías con una subida del IBI.
En el mismo día en el que el Ejecutivo socialcomunista de Sánchez ha dado a conocer su nueva Ley de Vivienda, en la que los socialistas se han plegado a las exigencias más extremas de los podemitas para lograr un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ayuso y Almeida se han apresurado a aclarar que esa legislación quedará sin efecto en Madrid, porque sus respectivas administraciones son las competentes para su aplicación.
En este sentido, cabe recordar con son las comunidades autónomas y los Ayuntamientos los encargados de decidir si quieren poner en marcha en sus respectivos territorios los mecanismos para limitar los precios de los alquileres -los Gobierno autonómicos- y el recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías -los Consistorios-.
Es decir, se trata de disposiciones potestativas que, según han avanzado tanto la presidenta madrileña como el alcalde de la capital, no tendrán cabida ni en la Puerta del Sol ni en Cibeles.
«No vamos a subir el IBI a nadie», ha sentenciado Almeida en un mensaje de tranquilidad para los madrileños. Para el alcalde, la Ley de Vivienda que han pactado socialistas y podemitas supone un ataque a la propiedad privada sin precedentes en nuestra democracia.
«No puede ser que en un país en el que se reconoce la propiedad privada se trate de limitar, regular, topar e intervenir este derecho», ha opinado el primer edil madrileño.
Además, Almeida ha afirmado que esa regulación no es más que «un experimento fracasado» por lo que se ha visto en los lugares en los que se ha aplicado, como Berlín o Barcelona. En la ciudad condal entró en vigor hace un año la ley catalana que limita el precio de la vivienda en alquiler y la oferta de vivienda en alquiler se ha desplomado más de 40%.
En la misma línea se ha posicionado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que, a través del portavoz del GPP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado que esa limitación de precios «aunque quede muy bonita sobre el papel», en la práctica supone que haya «menos viviendas, más colas de gente para alquilarlas y precios más desorbitados».
«Hay que trabajar en un modelo en el que se fomente la iniciativa privada y, al mismo tiempo, en planes impulsados por la Administración como el Plan Vive de la Comunidad de Madrid», ha apostillado.
En declaraciones a OKDIARIO, la vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha lamentado que la “batalla” entre PSOE y Podemos es especialmente “costosa y se lleva por delante el derecho a la propiedad privada”. “Es un paso más en la inseguridad jurídica que ya tenemos en España”, lamenta la dirigente popular, que apunta a su impacto en las inversiones.
La alternativa del PP es ampliar la oferta de vivienda, desbloqueando suelo público. “Esto va por completo en contra de nuestros principios”, señala. El partido estudiará la ley para, en su caso, interponer el correspondiente recurso.
Ley de vivienda
La nueva Ley de Vivienda que han acordado socialistas y podemitas incluye la regulación del precio del alquiler para bajar los alquileres a las viviendas en manos de grandes propietarios, aquellos que dispongan de diez o más viviendas, en base a índices de referencia para todos los contratos en zonas de mercado tensionado.
Asimismo, establece que los pequeños propietarios tendrán una fórmula de «congelación de precios e incentivos fiscales», de cara a poder también reducir el precio del arrendamiento.
También se establece un recargo de hasta el 150% en el IBI para casos de viviendas vacías, que podrán aplicar los ayuntamientos. La futura normativa también apuesta por el parque público de alquiler, con una reserva del 30% de todas las promociones para vivienda protegida. La mitad de esta proporción, el 15%, se dedicará a alquiler social.
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