Llarena pide investigar a los Mossos por no detener a Puigdemont y apunta a «otros responsables»

El juez instructor del procés, Pablo Llarena, ha advertido de que puede haber delito en la huida de Carles Puigdemont, ex presidente de la Generalitat fugado de la justicia española, tras su mitin del pasado 8 de agosto en Barcelona. Además, ha señalado que no se puede descartar que haya «otros responsables». Así lo ha expresado en una providencia enviada por el magistrado a los juzgados de Barcelona este jueves. En ella ha dado traslado los informes de los Mossos d’Esquadra y del Ministerio del Interior.

El juez del Tribunal Supremo ha trasladado «a los efectos legales oportunos» a los juzgados de Barcelona la documentación que ha recabado sobre la huida de Puigdemont del pasado 8 de agosto, cuando entró en España y volvió a escapar sin ser detenido.

A ojos de Llarena, la documentación que han aportado tanto la policía autonómica catalana como Interior «impide excluir la participación de otros responsables no aparentes en los delitos previstos en los artículos 408 y 451.3º b del Código Penal». Es decir, que abre la puerta a que se investigue a otros posibles responsables de ayudar a Puigdemont a huir de España.

La providencia del magistrado, tal y como señala una nota de prensa del Supremo, apunta que los informes de ambas instituciones «aportan una explicación detallada de las circunstancias en las que se produjo la aparición pública del procesado rebelde, así como las razones por las que no se detectó su entrada y salida de España y no pudo materializarse su detención».

Concretamente, el juez incide en que los Mossos evidenciaron en su documentación que existía «dificultad» para «abordar la detención del procesado en el seno de la aglomeración de personas a la que se incorporó». Además, ese mismo informe apunta a una «posible participación de tres individuos en la fuga».

La documentación que Llarena ha transmitido a los juzgados de Barcelona subrayan que, a pesar de esas dificultades, los informes «no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance». Y lamenta que esa falta de actuaciones continuó «hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional».

El informe de los Mossos

Los Mossos culparon indirectamente a Interior de la huida del ex presidente catalán. En el informe que remitieron al Supremo, dijeron que no podían proceder a la captura de Puigdemont debido a una instrucción del Ministerio del Interior. También admitieron que hubo errores en el dispositivo que no había anticipado la fuga del líder de Junts.

El texto aclaraba que su detención «se planificó atendiendo a los criterios policiales básicos de congruencia, oportunidad y proporcionalidad». Y explicaba que se produjo «tal y como establece el conjunto del ordenamiento jurídico y más concretamente la Instrucción número 1/2024 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se aprueba el Procedimiento integral de la detención policial».

«El operativo de detención partía de la premisa de llevarla a cabo en el momento más congruente, más oportuno y más proporcional, que en ningún caso se correspondía, según la planificación, en la fase inicial de su posible presencia en el paseo Lluís Companys por razones de contexto y presencia de movilización ciudadana y de autoridades dirigidas a dar al señor Puigdemont protección física», añadía el texto que remitieron los Mossos a Llarena.

Por su parte, la cartera que encabeza el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska admitió que puso en marcha los «recursos operativos» cuando Puigdemont se había fugado. «Una vez conocida la fuga de Puigdemont, el pasado jueves, el Ministerio del Interior impartió instrucciones al jefe superior de Policía y al general jefe de Zona de la Guardia Civil», expresaba el informe del Ministerio de Interior.