Liberum pide al TSJ de Extremadura que suspenda la toma de posesión como diputado del imputado Gallardo

La asociación Liberum ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el otorgamiento de la credencial de diputado de la Asamblea de Extremadura a Miguel Ángel Gallardo Miranda. El recurso, presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, considera que el nombramiento constituye un «abuso del derecho» y «fraude de ley».

«Se trata de conseguir el nombramiento y por ende, la ansiada inmunidad», sostiene el recurso, al que ha tenido acceso OKDIARIO. También argumenta que Miguel Ángel Gallardo busca evadir el juicio penal por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

El expresidente de la Diputación de Badajoz fue citado como investigado el pasado 27 de noviembre de 2024. Su declaración, realizada el 9 de enero de 2025, derivó en la apertura de juicio oral acordada el 22 de mayo de 2025.

«Justamente el mismo día que la diputada renuncia a su acta, el investigado procede a solicitar la credencial», denuncia Liberum, señalando la coincidencia temporal entre ambos eventos.

La Junta Electoral de Extremadura expidió la credencial de diputado a favor de Miguel Ángel Gallardo el 21 de mayo de 2025, sustituyendo a María de la Cruz Rodríguez Vegazo, en la circunscripción de Badajoz.

Una cadena de renuncias «sospechosa»

El recurso detalla una secuencia de acontecimientos que considera irregular. Miguel Ángel Gallardo ocupaba el puesto 23 en la lista electoral del PSOE, mientras que el partido obtuvo 16 diputados en las elecciones autonómicas de 2023.

«En total tuvo que producirse cinco renuncias para lograr que la lista corriera hasta el puesto designado al investigado», explica la demanda.

Según el documento, además de la renuncia de Rodríguez Vegazo (puesto 8), renunciaron cuatro candidatos más: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández, que ocupaban los puestos 19 al 22.

Vínculos con Miguel Ángel Gallardo

La asociación destaca la relación profesional entre Miguel Ángel Gallardo y Rodríguez Vegazo. «Fue jefa de prensa del acusado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, y más tarde, jefa del Gabinete de Presidencia de la Diputación».

El recurso subraya que Rodríguez Vegazo fue nombrada funcionaria de carrera durante la presidencia de Miguel Ángel Gallardo.

«Nada más perder su condición de diputada, Rodríguez Vegazo ha sido nombrada Secretaria de Organización de PSOE en Badajoz», apunta la demanda, sugiriendo una compensación por la renuncia.

Vulneración de derechos fundamentales

El recurso alega también vulneración del artículo 24 de la Constitución Española, sobre el derecho a la tutela judicial. «Genera indefensión a esta parte en su ejercicio como acusación popular», sostiene la demanda.

También invoca el artículo 14 constitucional, argumentando discriminación de trato. «El acto fraudulento ofrece un trato diferente a Miguel Ángel Gallardo en comparación con el resto de los investigados».

El recurso cita jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre abuso de derecho, definido como «todo acto que sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho».

La demanda concluye que el caso presenta «apariencia de legalidad» pero constituye «una instrumentalización espuria y abusiva de las normas reguladoras del nombramiento de un diputado».

Medida cautelarísima solicitada

Liberum ha solicitado la suspensión urgente de la ejecución del acto administrativo, especialmente del acto de promesa o juramento previsto para el 29 de mayo de 2025 en el Pleno de la Asamblea.

«De efectuarse tal acto se estaría culminando un acto que nació viciado y que adolece de legitimación», argumenta el recurso.

La asociación considera que existe «especial urgencia» debido a que la culminación del proceso de toma de posesión consolidaría la inmunidad parlamentaria.

La resolución de este recurso determinará si Miguel Ángel Gallardo Miranda puede mantener su credencial de diputado y, por tanto, la inmunidad parlamentaria que le protegería del juicio penal por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Aún no se ha resuelto.