La Ley de Género andaluza utiliza el concepto “micromachismo” para combatir chistes y piropos

El término micromachismo está pensado para combatir y erradicar los pequeños piropos o los chistes habituales totalmente extendidos en la vida cotidiana. El punto de la ley es recogido en la norma con el siguiente texto: “Promover el rechazo social a la figura del agresor y la detección y prevención de micromachismos, denunciando sus abusos y destacando las consecuencias de estos, señalando sus responsabilidades, con el fin de evitar la imagen de impunidad”.

En esa escala de machismo es donde la ley socialista sitúa los chistes que comparan hombres y mujeres, los piropos dichos a una mujer o el mero hecho de llevar las piernas abiertas en un transporte público -algo que Podemos ya ha combatido porque asegura que viajar sin cerrar las piernas, por ejemplo, en el asiento de un autobús público, es una insinuación sexual-.

Se trata del enésimo ejemplo de una ley que ahora ha atraído las miradas de todos los partidos y particulares por la negativa del partido de Santiago Abascal a respaldar el acuerdo de gobernabilidad de PP y Ciudadanos a menos que quiten o modifiquen por completo esta norma.

Aprobada en julio de 2018 como último legado del mandato de Susana Díaz, la norma, que fue impulsada por el PSOE andaluz que gobernaba con apoyo de Ciudadanos, recoge igualmente todo un plan de reeducación de los profesores, padres y alumnos; todo un mecanismo de criba interno en la Administración para obligar a todos los empleados públicos a comulgar con la ley de Género; y todo un catálogo de mecanismos correctores para los padres, niños, profesores, funcionarios o cualquier otra persona sobre la que los encargados de controlar el mecanismo lleguen a pensar que es un machista en potencia.

Tratamientos psicológicos

Entre esos mecanismo correctores no falta, por ejemplo, la aplicación de tratamientos psicológicos a los supuestos machistas. Y todo ello sin el más mínimo control judicial: no se exige ningún certificado ni de tribunal, ni fiscal ni policial. Es suficiente con el informe de un funcionario de los servicios sociales de cualquier municipio.

Todo ese catálogo de medidas aparece en la ley de género andaluza. Y el punto 84 del acuerdo de gobernabilidad de Andalucía entre PP y Ciudadanos recoge el impulso a esta norma. Allí se detalla que “impulsaremos un Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género” y que, además, “implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas en la ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la ley 13/2007 de 26 de noviembre de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, a fin de acabar con esta lacra social”.