España
Ley Celaá

El PSOE lleva una iniciativa al Congreso para reafirmar su plan contra la educación especial

La miserable respuesta de Celaá a un diputado con una hija con síndrome de Down

Claves de la Ley Celaá que el Gobierno PSOE-Podemos ha aprobado para la educación en España

El Gobierno desoye las críticas y temores de los padres sobre la educación especial

Celaá quiere que en plazo de 10 años los centros ordinarios dispongan de recursos para atender a estos alumnos

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno desoye las críticas y temores de los padres sobre la educación especial y sigue adelante con su plan para reforzar los centros «ordinarios» , en línea con la polémica Ley Celaá. El PSOE someterá a debate  en el Congreso una proposición no de ley, en defensa de la «escuela pública», en la que confirma esta intención. En ella, se insta a «incrementar en los centros ordinarios los recursos humanos y materiales para poder atender en las mejores condiciones la diversidad y al alumnado con necesidades educativas especiales».

La Ley Celaá establece que el Gobierno «desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad».

Críticas

Esta medida ha sido criticada por la oposición, que ha acusado al Ejecutivo de pretender liquidar estos centros especializados. También ha provocado las suspicacias de padres y profesores. Desde el Gobierno se ha insistido en que no supondrá su fin. El objetivo, señalan, es incorporar progresivamente a alumnos con discapacidad a centros ordinarios que cuenten con los suficientes recursos. Los centros actuales quedarían para una atención muy especializada. La ministra Celaá ha descartado que los actuales centros se vayan a cerrar. «Son fake news», señaló.

Desde las asociaciones de padres consideran que no existen suficientes garantías y sí se abre la puerta al desmantelamiento de estos centros. Consideran que la atención especializada que se presta actualmente requiere de una notable inversión para las escuelas ordinarias. Lamentan que derivar alumnos a estos centros supondrá un retroceso. Además, los actuales centros de educación especial, observan, podrían quedar ‘marginados’, sin recibir suficientes recursos.

Muchos padres han expresado sus dudas con la Ley Celaá por cuántos alumnos se derivarán desde centros súper especializados a otros ordinarios y con qué medios se contará.

Polémica en el Congreso

La polémica ha vuelto esta semana al Congreso con la intervención de la ministra Isabel Celaá en un debate con el diputado del PP Juan José Matarí, padre de una hija con síndrome de Down.

Matarí preguntó a la ministra «por qué el Gobierno legisla al margen de la Constitución», acusándola de intentar la desaparición del modelo educativo. El parlamentario ‘popular’, incluso, contó la experiencia de su hija Andrea, de 25 años, y que ha podido estudiar una carrera, dijo, gracias a una «formación adaptada a sus capacidades». «Ha podido desarrollar todo su potencial tras recibir su educación en un centro especial», explicó.

La ministra defendió que la Ley Celaá está «exquisitamente anclada en la Constitución», a lo que Matarí respondió acusando al Gobierno de atentar contra la libertad de las familias a escoger la educación de sus hijos, señalando que Celaá «quiere que desaparezca» la educación especial.

La ministra respondió con un tono altivo, sin empatía alguna con el diputado del PP: «Señor Matarí: ¿de dónde viene usted? Qué lejos viene usted. ¿De qué lejos viene usted? Usted no tiene ningún contacto ni con el mundo educativo, ni con los padres, ni con los hijos, ni con los profesores… Usted no sé de qué habla», le espetó.

La respuesta provocó el rechazo rotundo de la oposición, además del sector educativo.

«Acabo de hablar con el diputado Juan José Matarí, al que he pedido disculpas si mis palabras de ayer pudieron ofenderle. Mi respuesta se centró en su pregunta, que me acusaba de legislar contra la Constitución. Jamás fue mi intención faltarle al respeto, ni a él ni a su familia», explicó después Celaá en su cuenta oficial de Twitter.