El Gobierno busca hacer frente a la emergencia climática sin presupuestos y sin un calendario definido
Presenta el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática ampliando de 10 a 15 los ejes estratégicos
Crea dos fondos para prevención y respuesta ante eventos extremos pero no especifica presupuesto
Quiere convertir edificios de la Administración en refugio climático para la población "antes del verano"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática después de recibir 3.895 aportaciones de ciudadanos, organizaciones y administraciones durante el período de consulta pública.
El documento final amplía los 10 compromisos iniciales, anunciados tras la terrible ola de incendios del pasado verano, a 15 ejes estratégicos, aunque no especifica el presupuesto concreto que destinará a su implementación.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha detallado que las contribuciones procedieron de 1.084 personas y 176 grupos colegiados.
Resiliencia hídrica, transición ecológica y prevención
La mayoría de propuestas se concentraron en resiliencia hídrica, transición ecológica y cultura de prevención, afirmando que «es un documento de todos y para todos, para tener una España mejor preparada ante esa emergencia climática, que hoy es más evidente que nunca», ha subrayado la ministra.
El documento presentado responde a la promesa que Sánchez realizó el pasado 17 de agosto, tras registrarse el peor dato de hectáreas quemadas en 20 años. Entonces anunció que pondría en marcha un proceso participativo abierto a grupos parlamentarios, gobiernos autonómicos, agentes sociales, comunidad científica y ciudadanía para enriquecer la propuesta inicial.
Panel científico contra la desinformación
Una de las principales novedades del pacto final es la creación de un panel científico de expertos para combatir la desinformación sobre la emergencia climática.
Este nuevo eje, inexistente en la propuesta inicial, incluye una red de apoyo a científicos y meteorólogos que sufren acoso y amenazas por sus advertencias sobre el cambio climático.
El Gobierno considera que los bulos climáticos «debilitan a las instituciones, atacan a los científicos y dificultan la respuesta» ante fenómenos extremos. La medida surge tras meses en los que profesionales de la Agencia Estatal de Meteorología han recibido amenazas en redes sociales por alertar sobre episodios de calor extremo.

Asesoramiento científico
La comunidad científica ha tenido un papel destacado en la configuración del documento final. La Oficina Nacional de Asesoramiento Científico elaboró un informe específico de 489 páginas con 202 recomendaciones y propuestas técnicas.
Este material constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el pacto contra la emergencia climática, que sitúa la evidencia científica como fundamento de todas las medidas.
El documento incluye evaluaciones sectoriales específicas sobre salud, agua, patrimonio natural, bosques, agricultura, pesca, costas, energía, urbanismo, turismo, industria, transporte, patrimonio cultural, sistema financiero y cohesión social y territorial.
Ampliación de 10 a 15 ejes estratégicos
El documento inicial contemplaba 10 compromisos básicos, que ahora se han transformado en 15 ejes estratégicos con múltiples submedidas cada uno. Los ocho compromisos originales se mantienen, pero evolucionados: gestión forestal del siglo XXI, resiliencia hídrica, refugios climáticos integrados en salud, potenciación del mundo rural, apoyo a sectores agrario y pesquero, medios técnicos y humanos permanentes, cultura cívica de prevención y transición ecológica hacia la neutralidad climática en 2050.
Fondos permanentes
Los fondos permanentes mencionados en el punto 1 de la propuesta inicial no desaparecen, sino que se integran en el eje 14 dedicado específicamente a financiación.
Este apartado contempla la creación de dos fondos con recursos nacionales y autonómicos: un fondo de respuesta inmediata a eventos extremos coordinado por la futura Agencia Estatal de Protección Civil, y otro de prevención de riesgos climáticos a nivel local enfocado en actuaciones anticipatorias.

Sin presupuestos ni calendario
Sin embargo, el Gobierno no ha especificado las cuantías económicas que destinará a estos instrumentos financieros, lo que ha generado dudas entre organizaciones sociales y ecologistas sobre la viabilidad real de las medidas. El documento tampoco establece plazos concretos de implementación ni calendario presupuestario.
Por ejemplo, la anunciada Agencia Estatal de Protección Civil debe ser puesta en marcha tras un proceso complejo que requiere autorización por Ley, una iniciativa ministerial, la aprobación de su Estatuto por Real Decreto del Consejo de Ministros.
La creación de una agencia estatal se rige por la Ley 28/2006 y la Ley 40/2015 (LRJSP) y tiene que ser reflejada en los Presupuestos Generales del Estado para su aprobación por el Consejo de Ministros y remisión a las Cortes Generales.
Organizaciones de la sociedad civil ya han expresado sus reservas ante la ausencia de cifras económicas concretas. HelpAge España advirtió tras conocerse la propuesta inicial que «ninguna política pública puede ser efectiva sin un presupuesto asignado» y que «sin financiación, el pacto corre el riesgo de convertirse en una línea roja, en lugar de una línea de avance».
Mundo rural y agrícola
El mundo rural adquiere mayor protagonismo en el documento final, con un plan de empleo verde específico para municipios de menos de 5.000 habitantes. La propuesta incluye ayudas económicas, incentivos fiscales y refuerzo de servicios básicos en zonas despobladas.
Los sectores agrario y pesquero contarán con mercados de carbono para agricultores, apoyo a la ganadería extensiva y fomento de la agricultura regenerativa como herramientas de adaptación a la emergencia climática.

Siete ejes completamente nuevos
El pacto contra la emergencia climática incorpora siete líneas de actuación que no figuraban en el decálogo original. El eje 1 establece la aplicación del conocimiento científico mediante el panel de expertos, actualizaciones del ERICC (Estrategia Nacional de Riesgos) y evaluaciones sectoriales. El eje 4 se centra en biodiversidad con un Plan de Restauración de la Naturaleza y un registro público de ecosistemas degradados.
El eje 5 aborda la protección de sistemas costeros y marinos con gestión integrada de zonas costeras y actualización de la delimitación del dominio marítimo-terrestre.
El eje 8 amplía la protección de la salud más allá de los refugios climáticos, incluyendo prevención de riesgos laborales por exposición térmica, mejora del confort en viviendas y el sistema de alertas Meteosalud. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que «el objetivo es salvar vidas, la sociedad nos lo reclama».
Desinformación climática
El eje 10 desarrolla la interoperabilidad de servicios de emergencia con un catálogo nacional de capacidades operativas, gemelos digitales para simulación de escenarios y mejora de los CECOPI (Centros de Coordinación Operativa Integrada). La Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias, que figuraba como punto 3 en la propuesta inicial, se incorpora a este eje de coordinación.
El eje 12 contra la desinformación climática establece campañas preventivas, procesos de verificación rápida de bulos virales y apoyo a profesionales de la comunicación científica. El eje 15 de gobernanza crea una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, un Consejo Nacional del Clima y convenciones anuales para evaluar el progreso de las medidas contra la emergencia climática.

Críticas por falta de presupuesto específico
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha defendido que «los profesionales del campo y del mar están para adaptarse y mitigar este nuevo escenario» y que «escucharles y apoyarles es un elemento fundamental».
Planas ha mencionado el papel de la ganadería extensiva, el uso eficiente del agua y energía, y la protección de comunidades costeras como prioridades del pacto contra la emergencia climática.
Contexto de emergencia climática
El Gobierno sustenta la necesidad del pacto en datos alarmantes sobre el impacto de la emergencia climática en España. En los últimos cinco años, el Estado ha desembolsado 32.000 millones de euros en pérdidas materiales por eventos extremos, una cifra equivalente al presupuesto invertido en educación durante ese mismo período.
Sólo en 2025, las pérdidas económicas alcanzaron los 12.000 millones de euros, y las proyecciones estiman que podrían escalar hasta 34.000 millones en 2029 si no se adoptan medidas preventivas. Las temperaturas en España han aumentado 1,69 grados desde 1961, mientras que el verano se ha alargado 55 días respecto a hace décadas.
La DANA que azotó Valencia en octubre de 2024 dejó 238 fallecidos tras registrarse 770 litros por metro cuadrado en 24 horas en Turís. Las muertes por calor han alcanzado las 20.000 en los últimos cinco años, duplicando los fallecimientos por accidentes de tráfico.
España lidera la Unión Europea en mortalidad relacionada con el clima, con 113.627 muertes entre 1980 y 2024. En 2025 se quemaron 383.000 hectáreas de superficie forestal, consolidando uno de los peores registros en dos décadas. Las lluvias torrenciales y DANA han aumentado un 15% en cinco años, mientras que las olas de calor se han intensificado y las sequías afectan ya al 40% del territorio español.

Pacto de Estado
Sánchez ha defendido que la lucha contra la emergencia climática no es una cuestión ideológica sino «de supervivencia». El presidente del Gobierno ha citado un informe de la OCDE que señala que España es uno de los países más expuestos a la emergencia climática, con el 60% de los bosques en riesgo extremo de incendios y avance de la desertificación en la mitad sur de la Península.
«Este Gobierno no va a mirar para otro lado. No vamos a desdeñar ni cuestionar a la ciencia. Al contrario, nos tomamos en serio lo que nos dice la ciencia y sus advertencias», ha zanjado Sánchez. El presidente espera que «la mayoría» de grupos parlamentarios apoyen el pacto contra la emergencia climática, aunque ha reconocido que «algunos creen que esto de la sostenibilidad ya es algo que ha pasado de moda».
La ministra Aagesen ha reiterado que el pacto contra la emergencia climática «se ha enriquecido» con el período de consulta abierto a sectores afectados y sociedad civil. «Actuar es un acto de responsabilidad, un acto de protección de las personas y el patrimonio. Un país que se anticipa es más fuerte», ha concluido la vicepresidenta tercera, sin concretar el calendario de implementación ni las partidas presupuestarias específicas.