El letrado de Armengol burla el veto del Senado y ordena publicar la ‘reforma Txapote’ en el BOE

La Mesa del Congreso, tras consultar a los servicios jurídicos de la cámara encabezados por Fernando Galindo, nombrado letrado mayor por la presidenta socialista del Congreso, Francina Armengol, ha decidido no tener en cuenta el veto del Senado y ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley que rebaja penas a los etarras que hayan cumplido parte de su condena fuera de España, la conocida como reforma Txapote.

La presidencia del Congreso ha avanzado el procedimiento para solucionar este tema lo antes posible. Habitualmente no se tratan los asuntos recién llegados a la cámara baja con esta premura. En su reunión de cada martes, la presidencia sólo suele discutir las cuestiones que llegaron antes del sábado. Sin embargo, con esta norma se ha hecho una excepción y se ha solventado ya por su relevancia.

El proyecto de ley del Gobierno que transpone una directiva europea sobre intercambio de información de antecedentes penales que puede beneficiar a presos de ETA fue rechazada este lunes por la mayoría absoluta del PP en el Senado.

El presidente de la cámara alta, el popular Pedro Rollán, consideró que el rechazo del Senado implicaba un veto a la norma y, por tanto, la devolvió al Congreso para que volviera a votarse y, previsiblemente, ya se aprobase de forma definitiva. Así lo expresó Rollán su opinión basándose en el informe de los servicios jurídicos: «El rechazo del texto en el Senado por mayoría absoluta sin haberse presentado enmiendas, ante la falta de precedentes y a la vista de la sentencia del TC 97/2002, equivale a la aprobación de un veto».

Desde el Gobierno se mostraron extrañados por la decisión, ya que para que se dé un veto por parte del Senado, argumentan que tiene que haberse presentado previamente una enmienda a la totalidad. Sin embargo, debido a que se percataron tarde de la reforma que favorecía a los presos de ETA, no se presentaron en tiempo enmiendas a la totalidad y, por tanto, no se debatieron ni se votaron en el pleno de la cámara alta. Sólo en ese caso, argumentan, se habría impuesto un veto que tendría que levantar con mayoría absoluta el Congreso para que se aprobase la norma.

Como no se han dado esos procedimientos, los letrados de la cámara baja consideran que no se ha producido un veto y, por lo tanto, no es necesario que se vuelva a votar en el Congreso (para levantar el veto). En definitiva, la propuesta del departamento jurídico encabezado por Galindo es publicarlo ya en el BOE.

El informe de los letrados no es vinculante, sino que se somete a votación de la mesa del Congreso. En ella, las formaciones de Gobierno, PSOE y Sumar, gozan de mayoría y han apoyado la decisión del letrado que fue nombrado por la ex presidenta del Consell de Mallorca.

Reforma para Bildu

Hasta ahora, la Ley Orgánica 7/2014 que será reformada establecía, a través de su disposición adicional única, que «en ningún caso serán tenidas en cuenta para la aplicación de la presente Ley las condenas dictadas por un Tribunal de un Estado miembro de la Unión Europea con anterioridad al 15 de agosto de 2010». Es decir, que el Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, se aseguraba, aprobando ese articulado, que la pena cumplida por un etarra condenado en otro país de la Unión Europea no contase a la hora de cumplir la condena que tuviera que afrontar en España.

El artículo desapareció en el dictamen de la Comisión de Justicia que se votó en la Cámara Baja en septiembre de 2024. Aquel texto incluía una enmienda de Sumar que pretendía la derogación de la disposición adicional única. Desde el partido que encabezaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, justificaban que era para adaptarlo a la normativa comunitaria.

La reforma permitiría la excarcelación inmediata de varios presos. Entre ellos, Javier García Gaztelu, alias Txapote, el sanguinario jefe de ETA que mató a Miguel Ángel Blanco y Fernando Múgica, entre muchos otros, y que acumula 450 años de condena. Sin embargo, con la nueva norma se le computarán los seis años y medio que cumplió en Francia, que se le descontarían de la fecha en la que tenía previsto salir de prisión: 2031. Su salida puede adelantarse a estas Navidades.