Leticia de la Hoz, la socialista abogada de la cloaca de Leire

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 28/05/2026 20:39
  • Actualizado: 28/05/2026 20:39

Leticia de la Hoz ha pasado de ser una penalista con nula visibilidad pública a convertirse en uno de los nombres más polémicos del panorama, en particular, en el caso Koldo la mayor trama de corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia que el Tribunal Supremo está a punto de sentenciar tras un largo juicio.

Ella y su despacho, Idbo Consultants, han acumulado en los últimos meses señalamientos judiciales que la sitúan mucho más allá del ejercicio ordinario de la defensa penal.

Un auto del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, la ha apuntado como presunta intermediaria en el ofrecimiento de 50.000 euros a una testigo para que modificase su declaración. Se trató de un intento de soborno a la empresaria Carmen Pano que dice haber llevado bolsas de dinero en efectivo a Ferraz.

Según el auto, el abogado Ismael Oliver alertó a Leire Díez de la urgencia: «Es importante. Si queréis lo negocio yo». La respuesta de la ex militante fue escueta: «Negócialo. Si puedes, hazlo». En otra conversación recogida por el magistrado, Díez describía a Pano en términos que condensan la lógica de toda la operación: «Esta se vende. Debemos saber comprar».

De la Hoz ha negado los hechos de manera tajante, calificándolos de «falsos e infundados». Pero la instrucción sigue abierta por parte de Pedraz.

El mismo auto del juez Pedraz apunta además que la presunta organización habría ofrecido remuneraciones a fiscales y guardias civiles a cambio de información que pudiera obstaculizar los procesos que rodeaban al Gobierno.

El nombre de De la Hoz ha aparecido así junto al de Leire Díez, la ex militante socialista señalada como coordinadora de una trama cloaquera para desestabilizar procesos judiciales que pudieran comprometer al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La letrada, simpatizante del PSOE, habría actuado, según el auto que se basa en los móviles de Leire y las fuentes de OKDIARIO, como correveidile en al menos dos casos documentados en sede judicial.

Otro intento

En enero de 2025, Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama e investigado por un fraude millonario de IVA en el sector de los hidrocarburos ante la Audiencia Nacional, fue citado a través de una abogada vinculada al bufete del letrado Jacobo Teijelo en un despacho de la calle Felipe II de Madrid. Siempre estaba en el despacho del abogado ahora imputado preguntado cuestiones profesionales. Las fuentes pulsadas no descartan que acabe como imputada ya que sorprende que por ahora no lo esté. Podría ser llamada a declarar como testigo.

Cuando llegó, le esperaban dos personas: Leire Díez y Leticia de la Hoz. Según fuentes consultadas, le trasladaron que querían actuar contra la UCO y contra la compañía Repsol, y le pidieron que falsease su testimonio en sede judicial afirmando que los barcos de Venezuela con petróleo eran propiedad de esa empresa. A cambio, le prometieron el archivo de su causa ante la Audiencia Nacional.

Hubo una segunda reunión en el mismo despacho. Volvieron a estar presentes Leire Díez y De la Hoz. En esa ocasión, Teijelo informó a Rivas de que un ex miembro de la UCO estaba imputado en la Audiencia Nacional por el caso Gaslow, en lo que las fuentes interpretan como un intento de exhibir la capacidad de la red para moverse dentro del propio sistema judicial.

«Nos ofrecieron el oro y el moro, algunos no entramos en su juego», ha declarado a OKDIARIO uno de los investigados a los que intentaron comprar.

Sancionada

A este cuadro se añade una sanción disciplinaria que el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid impuso a De la Hoz en 2023 con una suspensión temporal por infracción deontológica, relacionada según varias informaciones publicadas con haber dejado desatendido a un cliente víctima de abusos.

La empresa de De la Hoz presta servicios a terceros en el ámbito internacional y tras los golpes que están siendo sus últimos pasos públicos, su negocio podría resentirse. Ha facilitado domicilio social a nueve personas jurídicas distintas en su sede y ha constituido tres sociedades por cuenta ajena.

En paralelo, Gobierno de Sánchez le ha pagado 33.446 euros públicos por gestionar el Sistema Interno de Información del SEPE.

Estrategia en el ‘caso Koldo’

Como defensora de Koldo García, la actuación de De la Hoz ha seguido un patrón de recursos procesales que el Tribunal Supremo ha ido rechazando de forma sistemática.

El Supremo ha tumbado solicitudes de nulidad por la no entrega de los teléfonos a los investigados que ha alegado la letrada decenas de veces, por un suplicatorio aprobado por el Congreso supuestamente vulnerado en sus límites, porque supuestamente había una doble investigación en la Audiencia, por pruebas supuestamente ilegales y un sinfín más de argumentos.

El Supremo rechazó una por una estas cuestiones en escritos antes del juicio y al inicio del mismo. Muchos analistas jurídicos consideran que ahí la defensa «quemó» muchísimo capital procesal en una vía con nulas posibilidades reales. Una estrategia muy esforzada que podría no servir para nada si finalmente hay condena.

La letrada intentó también anular las escuchas denunciando una presunta interceptación ilegal de comunicaciones. El Supremo la rechazó igualmente, afirmando que existían «indicios independientes suficientes». Tampoco han prosperado las solicitudes de polígrafo, careos o recusación de magistrados. Estrategias rocambolescas que en nada han servido a su cliente si finalmente hay condena.

Según las fuentes consultadas, De la Hoz habría influido para que su cliente, al igual que Ábalos, no colaborase con la Fiscalía Anticorrupción ni facilitase información de utilidad. Una decisión que varios juristas consideran que puede traducirse en penas más elevadas si el tribunal da por acreditados los hechos. Koldo García lleva ya seis meses en prisión provisional sin que De la Hoz haya podido o sabido aliviar su situación procesal. La sentencia se espera antes de verano.

La pregunta que la instrucción plantea ya no es si la estrategia de De la Hoz ha fallado. Es si ella misma formaba parte del problema que se suponía debía resolver.

La magnitud económica de la trama que investigan los agentes de la UCO tiene un correlato documental en el Registro Mercantil. IDB Consultants ha multiplicado por más de dos su facturación en apenas dos ejercicios: de 1,38 millones de euros de cifra de negocios en 2022 pasó a 3,21 millones en 2024, con un beneficio neto de 426.710 euros en ese último año.