España
Tribunales

Un juzgado de Madrid cita a María Jesús Montero por los 40.000 € que le reclama el novio de Ayuso

Alberto González Amador le pide esta cantidad por una intromisión ilegítima al honor y a la intimidad

Pide también que Montero dé una rueda de prensa reconociendo que sus acusaciones no eran ciertas

El juzgado de primera instancia número 49 de Madrid ha citado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a un acto de conciliación con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por la indemnización de 40.000 euros que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid le reclama por una intromisión ilegítima al honor y a la intimidad. Esta cita tendrá lugar el próximo 2 de octubre a las 10:00 horas.

González Amador le reclama esta cantidad a Montero por las declaraciones que la vicepresidenta realizó el pasado 12 de marzo en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que pidió explicaciones a Ayuso por estar viviendo «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública» y que «se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia».

«Yo diría en primer lugar que evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la Hacienda Pública y que se pagó con comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país. Y requiere dar explicaciones en este sentido», afirmó María Jesús Montero en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado.

Además, la ministra de Hacienda acusó a Isabel Díaz Ayuso de tener «un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión». Por ello, le pidió que diese explicaciones «con normalidad» ya que suele ser «tan rápida» a la hora de contestar. «¿Por qué no responde a esta cuestión? Se lo tiene que hacer mirar», enfatizó.

María Jesús Montero se hizo eco de unas informaciones que publicó poco después elDiario.es, señalando que la Fiscalía presentó una denuncia contra el novio de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a los 350.000 euros, además de que la presidenta de la Comunidad de Madrid residía presuntamente en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja. Sin embargo, estas informaciones no recogían que el apartamento se hubiese pagado con los 350.000 euros presuntamente defraudados, por lo que Alberto González Amador interpuso una demanda contra Montero por intromisión en el derecho al honor e intimidad, cuyo acto de conciliación tendrá lugar el próximo 2 de octubre, según informa El Confidencial.

Pide que dé una rueda de prensa

El novio de Ayuso le reclama también otras dos medidas a María Jesús Montero, además de los 40.000 euros de indemnización. En concreto, pide que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda tenga que dar una rueda de prensa en la que reconozca que sus acusaciones no eran ciertas y que se encargue de que al menos un periódico recoja sus declaraciones.

La solicitud de un acto de conciliación es el paso previo que Alberto González Amador debe dar antes de interponer de manera formal la demanda contra Montero por intromisión ilegítima en el derecho al honor e intimidad. Cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo durante la celebración de esta comparecencia, lo que provocaría que no hubiese más recorrido judicial. La ministra de Hacienda tiene la posibilidad de no acudir y, en ese caso, la demanda acabaría en el Tribunal Supremo por el aforamiento del que goza Montero como diputada en el Congreso.

Causa contra la Fiscalía

El novio de Isabel Díaz Ayuso también mantiene una frente judicial contra la Fiscalía de Madrid por un delito de revelación de secretos. Concretamente, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto. Esta querella fue interpuesta debido a la nota de prensa que la Fiscalía difundió y en la que se revelaron las negociaciones que había mantenido con su abogado, llegando a mostrar datos personales y sensibles. El Ministerio Público consideró que la difusión de este comunicado resultaba necesaria para desmentir «informaciones falaces», pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó sus argumentos y abrió una causa el pasado mes de mayo.

Alberto González Amador se querelló contra dos fiscales de Madrid por estos hechos, pero la causa judicial afecta también al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Él mismo asumió la responsabilidad por la difusión de esta nota de prensa y los dos fiscales imputados reconocieron ante el juez que la orden de emitir el comunicado fue de Álvaro García Ortiz. El fiscal general del Estado pidió que la causa se elevara al Tribunal Supremo, el único órgano judicial que tiene la competencia para investigarle.