Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar la votación de la reforma laboral en el Congreso

El Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid ha incoado diligencias para determinar si hubo delito informático en la votación por la que ayer en el Congreso se aprobó, con un voto de diferencia, la reforma laboral.

En un auto de este mismo viernes, el magistrado instructor ha explicado que toma esta decisión a instancias de un particular que ha solicitado a la Guardia Civil que requisara el ordenador con el que votó el diputado del PP Alberto Casero, quien dijo haber tenido problemas técnicos.

El denunciante también ha requerido a la Benemérita que acceda al Congreso de los Diputados «para proceder al análisis de terminales y sistemas necesarios». El juez Adolfo Carretero ha considerado «no ha lugar en este momento a la diligencia solicitada», ello «sin perjuicio de que pueda ser adoptada en el curso del procedimiento».

En el marco de la resolución, el magistrado ha dado traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal con la intención de que presente informe al respecto.

«Meras sospechas»

El magistrado ha explicado que para que la Guardia Civil se persone en el domicilio del diputado del PP y ocupe terminales y sistemas «se precisa autorización» del dirigente -algo que no consta- o un auto de entrada y registro judicial «basado en indicios claros de delito y no en meras sospechas como alude la denuncia presentada».

Asimismo, ha señalado que para personarse en el Congreso de los Diputados es necesaria la autorización de la Presidenta del Congreso, conforme al artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, algo que «tampoco consta en este momento».

Así las cosas, el juez ha concluido que «no existe urgencia para la práctica de estas diligencias». Según consta en el auto, la investigación deberá someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla tendrá que hacerse cargo.

La denuncia ha sido presentada por un abogado que ya ha presentado al menos dos denuncias en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Ambas fueron archivadas.