Un juzgado cita a Sánchez por llamar «delincuente confeso» al novio de Ayuso

El Juzgado de Primera Instancia número 98 de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación el próximo 12 de febrero, en relación con la demanda por injurias y calumnias interpuesta por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El empresario reclama una indemnización de 100.000 euros por las declaraciones en las que Sánchez se refirió a él como «delincuente confeso». Aunque el presidente no está obligado a acudir personalmente al acto, si no acude se presentará una querella contra él.

Los hechos que motivan la demanda se remontan a unas declaraciones realizadas por Sánchez en Bruselas, tras el Consejo Europeo, donde vinculó la imputación del fiscal general del Estado con «la pareja de un delincuente confeso». También afirmó que el empresario «ha defraudado a Hacienda» y «se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia». La juez María del Pilar Anguita Mata, informan fuentes próximas al caso a OKDIARIO, ha admitido a trámite el caso que se registró el 21 de octubre.

González Amador, quien está siendo investigado por presuntos delitos fiscales relacionados con facturas en la contabilidad de sus empresas, alega que estas declaraciones vulneran sus derechos fundamentales al no existir condena firme. La demanda se extiende también al ministro Félix Bolaños, a quien reclama 50.000 euros por manifestar que «entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad». Igualmente, González Amador ha llevado a los tribunales por los mismos hechos a María Jesús Montero, Isabel Rodríguez, Reyes Maroto, Manuela Bergerot, entre otros. Hasta ahora los cargos del Gobierno que han sido citados al acto de conciliación no se han presentado y, tras ello, la defensa de González Amador ha interpuesto las correspondientes demandas.

Demanda en el Supremo

Precisamente esta semana, por otro lado, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la demanda civil interpuesta por Alberto González Amador contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por presunta vulneración de su derecho al honor. El demandante reclama 40.000 euros por las declaraciones realizadas por la ministra en el Senado el pasado 12 de marzo.

En el auto, la Sala de lo Civil del alto tribunal concede 20 días hábiles tanto a la Fiscalía como a la ministra Montero para responder a la demanda, advirtiendo que si la demandada no comparece en el plazo indicado será declarada en rebeldía procesal.

La demanda tiene su origen en las declaraciones de Montero durante la sesión de control al Gobierno, donde afirmó que la presidenta madrileña estaba viviendo «en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública» y «con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia». La ministra también cuestionó que tanto el hermano como el novio de Ayuso «parecen estar relacionados con presuntas causas de fraude».

Esta acción legal se presenta después de que el pasado 2 de octubre quedara sin efecto el acto de conciliación previo, al que la ministra no acudió. González Amador había solicitado entonces la retractación de Montero por sus afirmaciones.

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron tras conocerse la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros, caso que actualmente se encuentra bajo investigación en el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid.

La Fiscalía presuntamente filtró al Gobierno el intercambio de correos del abogado de González Amador con el fiscal. Los emails acabaron en la prensa y eso ha provocado la apertura de un caso en el Supremo contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por revelación de secretos.