España
Ley de Amnistía

Junts enmienda la Ley de Amnistía para incluir el terrorismo de Tsunami y la amplía a 2011

Junts pide además en sus enmiendas que la amnistía se aplique desde 2011

Junts ha presentado una batería de enmiendas a la Ley de Amnistía en las que, entre otras cosas, solicita el blindaje total de los delitos de terrorismo cometidos durante el proceso separatista catalán. La intención de los separatistas es asegurar que la amnistía afecta a Tsunami Democràtic, cuya causa actualmente se investiga en la Audiencia Nacional.

En las enmiendas presentadas por los grupos, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, los socios del Gobierno reclaman la supresión del artículo de la Ley de Amnistía que excluye los delitos de terrorismo en el caso de que exista sentencia, algo que por ahora no ocurre en ninguna de las causas. De esta forma, pretenden asegurarse de que la ley incluye a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 10 encausados por los disturbios de Tsunami.

El pasado noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón elevó al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicitaba la imputación del ex presidente catalán Carles Puigdemont, la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas por la causa de Tsunami.

En el texto, el juez destacaba la violencia de esta organización radical, cuyos hechos podrían encajarse, advertía, en «actos de terrorismo en el sentido que prevé el Derecho de la Unión Europea». «Nos encontramos ante una organización estructurada […] constituida con la finalidad de cometer acciones terroristas», sostenía en la exposición.

También ERC ha presentado otra enmienda en el mismo sentido. Los republicanos lo justifican alegando una «mejora técnica», mientras que Junts habla de persecución por parte de los tribunales.

El partido de Carles Puigdemont afirma, en concreto, que en el periodo que abarca la amnistía no se produjo «ningún acto que pueda ser tipificado como terrorismo» y asevera que en las causas que ahora están abiertas «se investiga y persigue a independentistas por hechos que no serían» constitutivos de ese tipo de delito.

«Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y los actos tipificados como delitos de terrorismo», argumentan desde Junts.

Además, destacan que «es una realidad que, nada más hacerse pública la Proposición de Ley de Amnistía se han reactivado procesos que se asumía estaban destinados al sobreseimiento», en alusión a las dos causas seguidas en la Audiencia Nacional.

Desde 2011

Además, Junts quiere que la amnistía se aplique desde el 1 de noviembre de 2011 -dos meses antes de lo que recoge el redactado actual-, con el propósito de «incluir todas las actuaciones tipificadas como delito o determinantes de responsabilidad administrativa o contractual, vinculadas de una u otra forma a la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017».

El partido propone una nueva disposición adicional para garantizar «la aplicación inmediata de la ley de amnistía» e impedir que «se desvirtúe el interés general que persigue, mediante el alzamiento de todas las medidas que impidan su eficacia».

Igualmente, plantea modificar la ley para garantizar que se alzarán las medidas cautelares impuestas «incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones», así como «cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

La Ley de Amnistía sigue su tramitación urgente en el Congreso. Está previsto que se debata en ponencia este mismo jueves y se eleve a la Comisión de Justicia, en principio, el próximo martes, día 23 de enero. La intención del Gobierno es que sea aprobada en el Congreso ya a finales de enero o principios de febrero.