La Junta de Andalucía socialista también impuso el pin parental que el PSOE considera «facha»
El Gobierno de Pedro Sánchez considera «facha» el pin parental. Su delegada para la Violencia de Género, Victoria Rosell, quiere incluso intervenir Murcia en base al artículo 155 de la Constitución por haber aprobado ponerlo en marcha. Pero resulta que en el año 1998 ya lo aplicaban los socialistas de la Junta de Andalucía. Y, tal y como ha publicado OKDIARIO, el año pasado, la Junta de Extremadura también socialista lo puso en marcha. En la comunidad extremeña, por cierto, con el apoyo de Podemos.
En Andalucía fue regulado por la “Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios”.
Aparece tal cual en el artículo 6: “Información a los padres de alumnos”. Allí se señala que “una vez aprobadas por el Consejo Escolar las actividades complementarias y extraescolares que va a ofrecer el Centro durante el curso escolar, deberá facilitarse a los padres de los alumnos y las alumnas información detallada sobre las mismas”. Es decir, justo lo que plantea ahora el pin parental aprobado en Murcia por el Gobierno del PP a petición de Vox.
El artículo 3 de esa orden andaluza completa la norma al señalar en su punto 2 que “las actividades extraescolares se realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para todos los alumnos y alumnas del Centro, y, en ningún caso, formarán parte del proceso de evaluación por el que pasa el alumnado para la superación de las distintas áreas o materias curriculares que integran los planes de estudio”.
Es decir, que los padres, con toda la información en la mano, tienen a derecho a, voluntariamente, decidir si sus hijos reciben esas clases o prácticas o no.
El caso de Extremadura
En el caso de Extremadura, se impuso hace escasos meses. En una comunicación interna a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se señala que “es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización”. Es decir, todo un ‘pin parental’ y encima sin tramitarlo legislativamente.
La comunicación fue trasladada a los centros educativos el 16 de octubre de 2019, procedente de la Inspección del área de Educación del Gobierno socialista de Fernández Vara. En esa circular se señalaba de forma detallada que “desde el Servicio de Inspección se nos informa que para solicitar la realización de actividad (charla / ponencia / taller o similar) por parte del personal ajeno al Centro, es obligatorio que el profesor responsable y coordinador de la actividad solicite a las familias autorización (adjunta) de consentimiento de asistencia a dicha actividad aunque ésta se realice dentro del centro y en horario lectivo”.
El comunicado iba a más y recalcaba que “el profesor responsable de la actividad custodiará dichas autorizaciones durante todo el curso escolar, con el fin de evitar el propio docente responsabilidades legales de asistencia del alumnado a dicha actividad”.
Por último, el mensaje interno informaba a los centros educativos que “se adjunta copia digitalizada de la autorización de consentimiento para la realización de actividades dentro del Centro”. Es decir, todo un ‘pin parental’.
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