La jueza dio poder pleno al Estado para determinar qué bienes del Pazo debían entregarse a los Franco

El acta de entrega del Pazo de Meirás guarda más noticias de las incialmente previstas. Y es que aquel 10 de diciembre no sólo se firmó la entrega al Estado de las llaves y del inmueble por parte de los nietos de Franco. La jueza encargada del trámite también dejó constancia de quién mandaba en el reparto de los bienes que quedaban en el Pazo: mandaba “la Administración General del Estado”. Porque, tal y como quedó reflejado en el acta de entrega, a mano y por escrito, “se acuerda dar traslado a las partes del escrito presentado en el día de ayer por los demandados [los Franco], quedando requerida la Administración General del Estado para que en el plazo de veinte días determine qué bienes han de ser entregados a los demandados atendido el auto del 4 de diciembre de 2020”.

Traducido, la jueza adoptó una decisión sobre lo bienes muebles que quedaban en el Pazo: no decidir. Y dejar que fuera la Administración General del Estado la que determinase los bienes que correspondían a cada parte. Con lo que el demandante -el Estado- obtuvo poder para determinar si sus propias reclamaciones le parecían justas a él mismo.

Fue de hecho, el último acto. Porque, como señala el acta a continuación, “Con lo cual, siendo las 13:25 horas, se da por terminada” la firma, entrega y labor de traspaso del Pazo. El texto de este poder concedido al Estado figura en una parte de las actas firmadas ese 10 de diciembre manuscritas y que hoy publica OKDIARIO. Y la frase se puede apreciar con facilidad.

Así terminaba -a expensas de recursos- la travesía del Pazo de Meirás, durante 82 años propiedad de la familia Franco. En palabras de la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, “volvía a manos de los ciudadanos gallegos» el inmueble. La frase fue lanzada tras recibir las llaves de la propiedad de manos de la juez Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña, en virtud de la sentencia que declaró que el inmueble es un bien público.

Pero lo que debía haber sido un aséptico acto judicial se transformó en aquel momento clave en una performance en beneficio del Gobierno y de una juez que ahora luce en su biografía el haber revertido la propiedad de los Franco (al menos en primera instancia).

Y es que las dos mujeres citadas protagonizaron una curiosa y publicitaria foto en la ejecución (provisional) de la sentencia en medio de aplausos y cámaras.

La presencia de la juez, sin ser irregular, tampoco es habitual. Era más que suficiente la presencia del letrado judicial para ejecutar la orden de la magistrada. Pero la decisión oficial fue que la comisión judicial se sumara a la celebración política y posara para la historia. En especial, con la jueza como protagonista estrella de la expulsión de los nietos del dictador después de décadas en el Pazo. Y una sonriente jueza se unió al mediático acto.

Lo hizo, de hecho, justo después de dejar en manos de una de las partes, la Administración, la decisión sobre la propiedad y propietario del contenido. Porque el continente -el Pazo- ya tenía nuevo dueño.

Todo ocurrió después de que, un día antes de lo previsto, la familia Franco depositara en el Juzgado todas las llaves que dan acceso al pazo de Meirás, la que había sido su residencia estival las últimas décadas. A pesar de que la entrega estaba prevista para ese 10 de diciembre a las 11:00 de la mañana, los herederos y nietos de Franco se adelantaron un día a la orden del juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, que había decretado la ejecución de la sentencia provisional que ordenaba la devolución de Meirás y los bienes propiedad del Estado que había en su interior al Estado sin derecho a indemnización.

La respuesta del equipo jurídico de la familia Franco tras la retirada de la propiedad del Pazo de Meirás y el informe oficial que insinúa que han pretendido llevarse muebles y objetos del inmueble no se ha hecho esperar. En un burofax publicado por este diario, el equipo jurídico de la familia asegura que la publicación del informe de Patrimonio Nacional que disparó la alerta por un supuesto expolio de estos bienes “independientemente de las consecuencias difamatorias e incluso en cuanto pudieran sustentar divulgaciones susceptibles de encuadrar como un delito de injurias o calumnias, conlleva actuaciones que en su irregularidad y gravedad da lugar al presente requerimiento”.

El requerimiento de información en cuestión afecta al deseo de conocer quién es el responsable último de haber encargado un informe de titularidad de los objetos y bienes muebles, a las pruebas que pudieran existir de que efectivamente esos objetos son de Patrimonio Nacional y no de los Franco, así como detalles que garanticen la propiedad pública de los bienes cuestionados.

El burofax viene encabezado por el membrete del despacho que representa los intereses de los Franco en este último enfrentamiento con el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias: Montero Estévez Abogados. El burofax asegura, además, que “por otra parte aquella actuación comporta, en el uso de una información privilegiada, el incumplimiento de los deberes de fidelidad en su custodia, permitiendo el acceso de terceros a documentación conocida en razón de la función pública que le corresponde”.

Los abogados de los Franco concluyen denunciado que “su informe deliberadamente filtrado a la prensa, ha supuesto un evidente daño al honor y a la imagen de mis representados, en una intromisión en su derecho a la intimidad personal y familiar, dando pie a que se les acuse por diversos medios de comunicación de forma infundada de haber expoliado tesoros ocultos, cuando, ni se trata de tesoros […] ni estaban ocultos, ya que el Pazo lleva abierto a las visitas públicas desde hace más de 10 años y todos los elementos que señalan se encontraban en la zona visitable”. Todo ello, tras reservarse la familia Franco “las acciones que de todo ello pudieran derivarse”.