La juez rechaza ampliar la investigación al novio de Ayuso como piden el PSOE y Más Mádrid

El Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha tumbado la petición del PSOE y de Más Madrid de ampliar la investigación a Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso. En el marco de las diligencias judiciales por la presunta comisión de los delitos de defraudación tributarias y falsificación de documentos mercantiles, los partidos de Pedro Sánchez y Mónica García querían aumentar los ilícitos a investigar. Sin embargo, en un auto consultado por OKDIARIO, la juez desestima esa solicitud. Ese escrito judicial es del 31 de julio pero los dos partidos de izquierda citado ocultaron a la opinión pública ese varapalo a sus intereses procedentes de Plaza Castilla.

La juez entiende textualmente en su resolución que las diligencias requeridas por PSOE y Más Madrid «pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración, otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento y finalmente, en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Como publicó OKDIARIO, González Amador iba a reconocer los hechos en una citación celebrada el 24 de junio pero el PSOE y Más Madrid optaron por ese día pedir más diligencias y dilatar así el caso artificialmente. Todo ello en el contexto de dos investigaciones a Pedro Sánchez –a su mujer y a su hermano– que acapara la atención mediática.

Estas peticiones se basaron en un informe de inspección de la Agencia Tributaria incorporado al caso, bajo la sospecha de que los hechos investigados podrían no limitarse a los delitos inicialmente contemplados. En particular, se pidió investigar la relación empresarial del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el grupo sanitario Quirón, analizar sus cuentas entre 2019 y 2022, y presentar la escritura de compraventa de sus viviendas correspondientes a 2020 a 2024.

Desde Más Madrid indicaron que existían indicios de más delitos que requerían mayor tiempo de investigación y estudio, con el fin de una posible ampliación de los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y delito contable. El PSOE y Más Madrid también consideraron que la pareja de Ayuso podría haber cometido dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. La magistrada, por el contrario, informa El Mundo, ha determinado que no es de recibo esas diligencias por «prospectivas».

Cerco a García Ortiz

Se trata de un caso de gran importancia porque ha derivado en que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, esté contra las cuerdas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió remitir al Tribunal Supremo la causa contra él por presunta revelación de secretos, originada a partir de una querella presentada por la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Él sostiene que ese movimiento no afectará su labor al frente del Ministerio Público.

El TSJM considera que hay indicios de un supuesto delito de revelación de secretos relacionado con una nota de prensa difundida en marzo por la Fiscalía sobre el caso de Alberto González Amador y sus datos fiscales.

En relación con la decisión del TSJM, García Ortiz subrayó que la exposición razonada del tribunal es «coherente» con la «falta de competencia» del TSJM para investigarle o «revelar sus correos o comunicaciones internas en la Fiscalía». Aunque no lo menciona en su comunicado, es relevante recordar que en junio pasado, el propio García Ortiz solicitó al tribunal madrileño que remitiera la causa al Supremo, al considerar que este órgano es el competente para llevar a cabo la investigación.

Tras conocerse la decisión del TSJM, el fiscal general reafirmó que asume la «responsabilidad última» de la publicación de la nota de prensa, que tenía como objetivo «desmentir informaciones falsas» en torno a un investigado –el novio de Ayuso– por dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental. El fiscal sostiene que el contenido difundido en el comunicado no incluía «nada que no hubiera sido previamente publicado en diversos medios», algunos de los cuales citaron fuentes cercanas a la persona investigada, mientras que otros reprodujeron literalmente las comunicaciones.