El juez procesa a UGT y 6 ex dirigentes en Asturias por un fraude de 1,4 millones en cursos de formación

Seis ex dirigentes y técnicos de UGT Asturias han sido procesados por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones en los cursos de formación de entre 2010 y 2014 por un importe de 1,46 millones de euros. La jueza también ha procesado al propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en este supuesto fraude.

Así lo ha decidido la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo. Entre los imputados se encuentra Justo Rodríguez Braga, el ex secretario general de UGT en la región que dejó su cargo en 2016 tras 16 años al frente de la entidad. Los otros procesados son Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y administradora de Infastur; Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, y María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur.

La jueza también ha incluido entre los imputados Alberto González Castaño, técnico encargado de la contabilidad de UGT y del control y justificación de las subvenciones, y a Silvia Sariego Ferrero, responsable de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación vinculada al sindicato.

El auto

En el auto se señala que los seis imputados llevaron a cabo una «una operativa orientada al desvío de parte de los fondos públicos» que procedían de las subvenciones respecto a los fines para los que fueron concedidos. Con este plan, los investigados habrían «obtenido beneficios económicos que revertían en la propia organización sindical», una premisa que también ha defendido la Fiscalía en su escrito remitido al juzgado del pasado mes de diciembre.

El desvió de estas subvenciones se realizó, según el auto, mediante diferentes «subterfugios» con los que lograron enmascarar los costes reales de ejecución de las acciones formativas por las que recibían las subvenciones concedidas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA), ocultando a la administración el sobrecoste en que incurrían en la justificación de los gastos.