La juez lleva a juicio a Rosell, candidata de Podemos al CGPJ, por pagar en B a su empleada del hogar

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, Carlos Sosa, irán a juicio por despedir de manera irregular a su asistenta del hogar, Simona Chambi, quien ha denunciado que, durante meses, estuvo trabajando para ella sin contrato y cobrando en dinero negro. Rosell es uno de los nombres exigidos por Podemos para formar parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP ha vetado esta candidatura debido a su trayectoria política, ya que fue diputada de la formación morada por Las Palmas de Gran Canarias en tres legislaturas, de 2015 hasta enero de 2020, y en la actualidad desempeña un cargo en el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero. El líder de la oposición, Pablo Casado, ha recordado este mismo viernes que su partido no permite las «puertas giratorias entre política y Justicia».

El juicio se celebrará en el Juzgado de lo Social número 7 de las Palmas de Gran Canaria el próximo 15 de marzo a las 11:50 horas, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO. La juez podemita y su pareja han sido denunciados por despido «improcedente» o «nulo» porque, según consta en la denuncia, Simona Chambi ha trabajado como empleada del hogar de Victoria Rosell en distintos períodos desde septiembre de 2011. Buena parte de este tiempo, sin contrato y cobrando en negro.

Fraude de Rosell

La empleada afirma en la denuncia que comenzó a trabajar para la juez Victoria Rosell en septiembre de 2011 por 500 euros al mes. Inicialmente cobraba en «dinero negro o b» porque así se lo había propuesto la dirigente podemita. Durante cinco meses, Chambi trabajó de manera irregular por imposición de Rosell, hasta que finalmente se plantó y le manifestó que no trabajaría más en su casa si no le daba de alta en la Seguridad Social, con el fin de poder regularizar su situación en España.

Hasta ese momento, Simona Chambi cobraba 500 euros al mes por un trabajo de media jornada (cuatro horas diaria), pero Victoria Rosell le advirtió de que si quería contrato tendría que descontarle la cotización a la Seguridad Social. Tras llegar a un acuerdo, el 24 de febrero de 2012, Rosell dio de alta a la mujer, de nacionalidad boliviana, con un contrato indefinido de media jornada como empleada del hogar de categoría D y le rebajó el sueldo neto a 410 euros al mes. 

Simona Chambi manifiesta en el escrito que nunca llegó a saber cuál era el sueldo base que percibía, ni el prorrateo de las pagas extras, ya que la magistrada podemita no le entregó ni una copia del contrato de trabajo ni tampoco las nóminas: se limitaba a pagarle una vez al mes en metálico, o mediante una transferencia bancaria.

En 2014, Simona Chambi pidió la baja voluntaria porque necesitaba regresar a Bolivia debido a un grave problema familiar. Desde allí se mantuvo en contacto con Rosell, quien le insistió en que regresara a España porque las empleadas del hogar que habían contratado tras su marcha no duraban ni dos meses en la casa.

Así que la empleada regresó y comenzó a trabajar de nuevo para la pareja. Y lo hizo de nuevo sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social durante al menos cuatro meses, hasta que Rosell y su marido accedieron a hacerle un contrato en noviembre de 2015. Carlos Sosa pasó a figurar oficialmente como el empleador, aunque Victoria Rosell era quien daba las instrucciones a la mujer.

Los pagos que acreditan el fraude

Victoria Rosell, a la que Podemos ha colocado como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha negado públicamente las acusaciones planteadas en la demanda laboral. Sin embargo, los extractos bancarios publicados por OKDIARIO demuestran que siguió pagando a su empleada del hogar mediante transferencias, mientras la tenía sin dar de alta en la Seguridad Social: 410 euros al mes en enero y febrero de 2015. A partir del mes de mayo le subió el sueldo a 420 euros. Los pagos aparecen identificados en los extractos bancarios como «sueldo Simona» o «pago Simona».

A Juicio

Aunque la podemita Rosell haya manifestado públicamente que su pareja, el empresario y periodista Carlos Sosa, es el único implicado en este litigio lo cierto es que ella también consta como demandada en esta causa, tal y como prueban los documentos a los que ha tenido acceso este periódico.

Es por ello que la magistrada María José Andrade los ha citado a ambos (Rosell y Sosa) en calidad de demandados para enfrentarse al juicio laboral, que tendrá lugar casualmente el mismo día en que otro podemita, Juan Carlos Monedero, acudirá también a los juzgados en calidad de imputado por un delito de malversación en el Caso Neurona. Rosell y su marido irán a juicio tras rechazar llegar a un acuerdo de conciliación con su ex asistenta del hogar el pasado 29 de enero.

Cuidar de su conejo

Simona Chambi explicó en una entrevista exclusiva a OKDIARIO que, durante sus períodos de vacaciones, Rosell y el periodista Sosa, le obligaban a acudir todos los días a la vivienda familiar para dar de comer al conejo de la familia y regar las plantas.

«Me llamaba y me decía, ¿Simona puedes ir a regar las plantas, a echar un ojo a la casa? Y yo siempre iba». Nunca le decía que no, por miedo a que la despidiese por «no obedecer» las órdenes de su jefa. Ella vive a «tres cuadras» (calles) del chalé de la familia. Entonces, iba a diario durante sus vacaciones. Chambi asegura que Rosell tenía un conejo al que tenía que alimentar todos los días. La podemita niega que tuviese el animal, pero su empleada lo recuerda a la perfección: «Claro que existía, se puso gordo como un gato de tanta comida que me obligaba a darle».

La actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género se mostró «poco respetuosa» con los derechos laborales de su empleada del hogar: ni siquiera la dejaba descansar durante sus vacaciones de la época estival. Sin embargo, en un mitin celebrado en las Islas Canarias al que asistieron Victoria Rosell, Pablo Iglesias y Alberto Rodríguez, la juez podemita clamaba «contra las injusticias laborales, empresariales, machistas, contra el patriarcado…». Entre risas y resignación, su abogado, Federico José Vicente Marín, reprende que «abuso laboral es justo lo que la propia Rosell ha aplicado a su empleada», que vino desde Bolivia buscando mejores condiciones laborales.