El juez García-Castellón prorrogará la instrucción de Púnica tras el ‘parón’ del estado de alarma

Corre el tiempo en la instrucción del caso Púnica. Después de que la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional obligara al juez Manuel García-Castellón y a las fiscales anticorrupción, Carmen García y Teresa Gálvez, a apretar el acelerador y terminar la instrucción de la ‘macrocausa’ el 6 de junio, un nuevo obstáculo se ha cruzado en el camino. La crisis sanitaria y el estado de alarma han paralizado el procedimiento desde el 14 de marzo.

«Es imposible que en un mes escaso esté terminada esta ‘macroinvestigación’», explican fuentes judiciales a OKDIARIO. Por ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 prorrogará la instrucción «tanto tiempo como el estado de alarma haya demorado la causa». La razón principal es porque el Real Decreto 463/2020 por el que se establece el estado de alarma ha paralizado todos los procesos administrativos o judiciales que estaban en curso.

200 imputados

El ‘caso Púnica’ acumula más de 200 imputados y once piezas separadas. Esta causa judicial se abrió tras una operación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que el 27 de octubre de 2014 se libró con la detención del ex consejero popular Francisco Granados y otras 50 personas en Madrid, Valencia y Murcia.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó en noviembre de 2018 que la investigación penal se alargase otros cinco años. Pero el magistrado cedió a 40 meses más y fijó como fecha final de la instrucción el 30 de marzo de 2020. Esta línea roja establecida en un principio por el juez fue recurrida ante la Sala que redujo, más aún, el tiempo de descuento y lo fijó en junio de este año.

En septiembre del pasado año (2019) el juez García-Castellón imputó a las dos ex presidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, tras la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción. Del mismo modo, también se llevó a cabo una reordenación del número de piezas separada que se redujeron de 16 a 11.

Las ex presidentas están imputadas por presuntos delitos vinculados a financiación ilícita, desvío de dinero público y falsedad electoral en la pieza separada número 9 de la trama Púnica, en la que se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.