La juez del ‘caso Espionaje’ abre juicio oral sin acusación fiscal

La juez de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha decretado la apertura de juicio oral del presunto ‘caso de Espionaje’ a políticos regionales en mayo de 2008 en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid contra seis procesados, tres de ellos ex funcionarios y tres ex guardias civiles, y sin que la Fiscalía de Madrid vaya a ejercer acusación.

Así consta en un auto fechado el pasado 13 de marzo en el que la magistrada dicta juicio oral respecto al entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, su ‘número dos’, Miguel Castaño Grande, el exfuncionario José Manuel Pinto y los guardias civiles José Luis Caro, José Oreja y Antonio Coronado. La resolución no es recurrible.

La juez señala que procede la apertura de la vista oral al existir «indicios suficientes» de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos respecto a los procesados. La causa llega a juicio gracias a la Audiencia Provincial de Madrid, ya que la magistrada ordenó tres veces su archivo.

«En su condición de funcionarios, prestaron sus servicios ante la Dirección General de Seguridad de la Comunidad, procedieron durante los meses de marzo, abril y mayo de 2008 a realizar seguimientos a terceras personas, actividad que no estaba dentro de su trabajo, utilizando para ello, y dentro de su jornada laboral, medios que la Comunidad ponía a su disposición para el ejercicio de sus cargos, destinando en consecuencia esos medios, y el coste que suponían, a actividades ajenas a sus respectivos trabajos», recoge el texto.

Un Tribunal de Jurado será designado para pronunciarse sobre los hechos objeto de la acusación. La Fiscalía no ejercerá acusación. Sí lo harán los socialistas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. El pasado noviembre, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de la causa.

Esta postura contrastaba con el escrito presentado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que solicitaba la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, en la etapa de Esperanza Aguirre al frente de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

La Abogacía de la Comunidad entiende, en su escrito, que los hechos descritos en el caso son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos.

Por su parte, la acusación popular que ejerce el PSOE de Madrid en el caso solicitaba penas de entre dos y cuatro años de cárcel para los seis acusados dentro de su escrito para solicitar a la juez Carmen Valcarce la apertura de juicio oral.