Los jueces piden al Gobierno medidas para agilizar los procesos parados una vez se supere la crisis sanitaria
Las principales asociaciones de jueces españoles han mostrado su total predisposición para agilizar las causas judiciales que se han parado tras decretarse el estado de alarma por el coronavirus. También exigen que el Gobierno lleve a cabo «reformas organizativas y procesales» que agilicen los trámites una vez se haya superado la crisis sanitaria.
El comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Juezas y jueces para la Democracia, la asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente expone que «una vez superada esta crisis sanitaria deberemos afrontar los graves problemas políticos, económicos y sociales derivados de la parada casi total de la actividad del país». Por ello, los magistrados demandan que, ante «la suspensión de todas las actuaciones judiciales y de los plazos procesales, salvo en los supuestos de servicios esenciales fijados por el Consejo General del Poder Judicial», que el Gobierno y el Legislativo «lleven a cabo reformas organizativas y procesales que agilicen los trámites sin merma de los derechos de los justiciables así como incrementen los medios personales y materiales de la Administración de Justicia».
Las asociaciones de jueces recuerdan que la Administración de Justicia ya estaba de por sí «sobrecargada» y contaba con «medios limitados» por los recortes de los últimos años. Los jueces aseguran que «vamos a colaborar en el plan de choque liderado por el Consejo General del Poder Judicial de cara a la reanudación de la actividad judicial que atenúe los tiempos de espera y agilice la resolución de los conflictos planteados o que puedan plantearse».
«Las juezas y jueces no somos ajenos a los esfuerzos que van a tener que llevarse a cabo por la ciudadanía», aseguran, y por eso dejan claro que «al igual que otros servicios públicos están dando lo mejor de sí para paliar esta pandemia, nosotros nos comprometemos a contribuir al esfuerzo colectivo al término del estado de alarma para mitigar las indeseadas consecuencias que derivarán de ella».
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