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Jueces y fiscales denuncian ante Europa las reformas de Sánchez para asegurarse el control judicial

Tras la histórica huelga de tres días que sido un éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70%

Jueces y fiscales denunciarán el próximo 8 de julio ante Europa las reformas que pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la carrera judicial y fiscal para asegurarse el control judicial. Unas reformas que atacan «la salud democrática», suponen «una amenaza a la independencia judicial» y atribuyen más poder al fiscal general del Estado y, en consecuencia, ponen en peligro el Estado de Derecho». Por ello, exigen su retirada.

Éste será el siguiente paso tras la histórica huelga de tres días que han secundado del 1 al 3 de julio contra a dichas reformas legales, conocidas como Ley Bolaños, que ha sido un «éxito rotundo», con una media de seguimiento del 70% de los miembros de la carrera judicial y fiscal.

«Si la situación persiste sin cambios sustanciales, retomaremos las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga, con la misma firmeza, unidad y determinación que han caracterizado las acciones llevadas a cabo hasta el momento», avisan.

Representantes de las cinco asociaciones convocantes de la huelga se desplazarán la próxima semana a Estrasburgo para advertir a eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo, como ya han hecho con PSOE, PP y VOX, del «peligro» que suponen estas reformas: una «regresión en la independencia judicial», apelando a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE y al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea.

Se reunirán con Javier Zarzalejos, presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE); el grupo parlamentario European Conservatives and Reformists (ECR), con Manfred Weber, presidente del Grupo PPE; así como con la vicepresidenta ejecutiva Eva Virkkunen. 

Así lo han informado este viernes en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), en el que destacan que las cifras de participación del paro suponen «un hecho sin precedentes en nuestra historia democrática», ya que nunca se había producido una movilización de tal magnitud, y «ponen de manifiesto la gravedad de las reformas legislativas en curso».

Grave retroceso

Estas cinco asociaciones de jueces y fiscales combaten el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), aprobados por el Consejo de Ministro el pasado 13 de mayo. Unas reformas tramitadas por vía de urgencia, «sin justificación alguna», y que suponen un «grave retroceso en derechos profesionales de ambas carreras, en la independencia judicial y en el Estado de Derecho».

Denuncian que la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos mediante un examen ad hoc, vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad; supone un «agravio comparativo» con el acceso por turno libre y perjudica a más de 4.000 opositores; así como reducción de la excelencia en todos los sistemas de accesos a las carreras judicial y fiscal, «incrementando la subjetividad» en la evaluación y «premiando a los que acceden por concurso oposición con cinco años de antigüedad ficticia para anticipar su acceso a cargos de designación discrecional».

Asimismo, alertan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende «meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces», así crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con «riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

También critican que se limita la representatividad de la carrera en la elección de miembros de Salas de Gobierno y que se refuerza el poder del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, «limitando aún más la autonomía e imparcialidad de la Fiscalía, como paso previo a atribuirles la instrucción». Unas reformas que, en su conjunto, «representan un deterioro de los estándares constitucionales y europeos de independencia judicial», reiteran.

Bolaños hace oídos sordos

Las asociaciones de jueces y fiscales denuncian la «ausencia de diálogo y actitud inmovilista del Ministerio de Justicia», que desde el inicio del conflicto, lejos de mostrar una actitud abierta al diálogo, «se ha enrocado en su posición».

Más aún, durante su protesta, que comenzó con un paro el 11 de junio, siguió una concentración ante el Tribunal Supremo el día 28 y la huelga, el PSOE ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley, entre las que destacan las relativas al proceso de estabilización, que «agravan, aún más la vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, afectando gravemente a la independencia judicial y a la autonomía de la Fiscalía»,  exponen.

A pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas para evitar la huelga. A jueces y fiscales les parece inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España.