Los jueces avisan que la ley de Sánchez para censurar las redes «vulnera 4 principios constitucionales»

Destacados jueces y expertos en Derecho Constitucional han señalado varios aspectos que podrían hacer inconstitucional el nuevo anteproyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación aprobado por el Consejo de Ministros este martes. La propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez pretende regular las publicaciones de usuarios con más de 100.000 seguidores en redes sociales ante comentarios que no les gusten. Según los expertos consultados, la medida vulnera directamente los artículos 20 de la Constitución sobre libertad de expresión y de prensa (artículos 20.1.a y 20.1.d), el derecho de participación política (artículo 9.1), la seguridad jurídica (artículo 9.2) y la igualdad de los ciudadanos (artículo 14).

En relación con el artículo sobre la libertad de expresión, avisan de un «efecto desaliento» que podría llevar a la autocensura, lo que el Tribunal Constitucional ha tratado de evitar en su jurisprudencia. «La mera existencia de esta ley generaría un efecto disuasorio que llevaría a la autocensura por miedo a las sanciones», alerta un jurista.

En segundo lugar, el derecho a la participación política. «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social», indica la Carta Magna. Sin embargo, si el Gobierno obliga a rectificar informaciones que le disgustan a personas con muchos seguidores, se dificultaría totalmente su intervención en política.

En tercer lugar, la seguridad jurídica. Los planes del Gobierno de meter mano en Twitter, Facebook, Telegram o, entre otros, Instagram han sido especialmente criticados por su ambigüedad en la definición de «noticia falsa» o «bulo», lo que según los juristas contradice el principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución Española. ¿Quién dice qué es falso o no? En muchas ocasiones ha sido el propio Gobierno el que ha trasladado a la población informaciones fake como que el PSOE no iba a pactar con Bildu o que no habría Ley de Amnistía.

Por último, la igualdad de todos los españoles. El plan del Ejecutivo apunta a una discriminación arbitraria según el número de seguidores de las personas. «Establecer el límite en 100.000 seguidores carece de toda justificación constitucional y crea dos categorías distintas de ciudadanos ante la ley, lo que podría vulnerar el principio de igualdad», señala otro experto. Una persona con 99.999 seguidores tendría vía libre para decir lo que quiera, pero uno con 100.000, ya no.

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO hablan de que el Gobierno da pasos hacia «la censura». Si vivimos en democracia y con división de poderes, el ejecutivo no tendría que ser «juez y parte». Recuerdan que el Reglamento Europeo de Medios Digitales ya contempla mecanismos de moderación de contenidos. Además, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cualquier limitación de derechos fundamentales requiere una orden judicial previa, no pudiendo quedar al arbitrio del poder ejecutivo.

Para su aprobación, como recuerdan los jueces, al ser ley orgánica, el Gobierno de Sánchez necesitaría alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso (176 diputados), lo que requeriría el apoyo de sus socios parlamentarios de Bildu, ERC, Junts, etc.

Impugnación

Un aspecto especialmente problemático es el procedimiento legal para la impugnación de la ley. Como explica un experto en Derecho Constitucional consultado, José María Pernas: «Al tratarse de una ley orgánica que regula derechos fundamentales, los tribunales ordinarios no podrían anularla directamente, sino que deberían plantear una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional». En este punto, cabe recordar que la Corte de Garantías tiene una mayoría controlada por Cándido Conde Pumpido, afín al Ejecutivo de PSOE y Sumar.