La joven denunciada frente al casoplón de Iglesias ante el juez: “Tuve miedo de nuestra Guardia Civil”

Visto para sentencia. Este jueves se ha celebrado el juicio de Ascensión y su hija, Anabel, para quienes la Fiscalía de Madrid solicita seis meses y un año de prisión, respectivamente, tras un altercado ocurrido frente al casoplón de Pablo Iglesias mientras madre e hija caminaban por la urbanización La Navata de Galapagar. Anabel ha explicado que durante el altercado, que ahora se juzga, tuvo miedo de la Guardia Civil que escolta la mansión del líder podemita.

Ascensión ha explicado a la juez los hechos ocurridos aquel 30 de octubre. «Estaba en el coche con mi hija y circulábamos por la calle en la que reside en el vicepresidente y la ministra de Igualdad. En ese momento veo a mis amigas. No había vallas ni ningún objeto que indicase que la zona estaba acordonada. Entonces aparqué el vehículo y me dirijo hacía ellas. En ese momento, los agentes comenzaron a rodearnos y nos dijeron  que habían establecido un perímetro de seguridad. No me dejaban acercarme a mi coche, en el que se encontraba mi hija, porque estaba dentro de la zona prohibida. Entonces, intento alejarme pero el agente me empuja y me pise los pies», ha manifestado.

Anabel sale del vehículo al escuchar a su madre gritar. «Me asusté, sólo le dije que la dejaran que estaba nerviosa y que mi padre acababa de fallecer». Pero ese mismo agente, según la declaración de las acusadas, se dirigió hacía ella. La empujó y se cayó al suelo. Los agentes de la benemérita han explicado que hicieron uso de «la fuerza mínima con el pecho y brazos».

El sargento que dirige el dispositivo de seguridad del casoplón de Iglesias procedió a retener Anabel: la puso boca abajo, sujetándole los brazos y las piernas. Este extremo ha sido confirmado por la acusada y por el agente de la Guardia Civil.  La defensa de Ascención le ha preguntado a Anabel si en ese momento tuvo miedo. La joven de 32 años ha contestado que tuvo mucho miedo de los agentes de la Guardia Civil «de todos en general pero en particular del sargento».  Ascensión se desmayó en ese momento y permaneció en el suelo más de una hora según la declaración de las imputadas.

Las encausadas se han sentado en el banquillo de los acusados con una sensación agridulce. Ambas están convencidas de que aquella tarde sólo caminaron cerca de la mansión del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad «sin saltarse el perímetro de seguridad» delimitado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que escoltan el domicilio del líder podemita. Sin embargo, la solicitud del Ministerio Público que dirige la ex ministra Dolores Delgado diluye las expectativas de salir ilesas de esta causa judicial.

Este periódico tuvo acceso al escrito de la Fiscalía que solicita una pena de un año de cárcel con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena para Anabel, de 32 años por un supuesto delito de atentado a los agentes de la autoridad y un delito leve de maltrato de obra, y seis meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo contra su madre Ascensión. Expertos penalistas consultados por OKDIARIO consideran «desproporcionada» la petición del Ministerio Público.

La versión de la Fiscalía difiere. El escrito de acusación dice que «cuando los agentes de la Guardia Civil de Galapagar, uniformados y debidamente identificados, se disponían a establecer el perímetro de seguridad en las inmediaciones de la vivienda del vicepresidente segundo del Gobierno y de la ministra de Igualdad, las dos acusadas mantuvieron una actitud de absoluto desprecio a la labor de los agentes, impidiéndoles el cumplimiento de la función encomendada, desobedeciendo de forma retirada las indicaciones claras que los mismos les daban, en relación a que retrocedieran en la vía pública y despejaran el perímetro de seguridad».

Asimismo, en la entrevista concedida a este periódico Ascensión y Anabel aseguraron: «Somos una cabeza de turco para que la gente deje de manifestarse» frente al casoplón de Iglesias y Montero. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó a mediados de mayo, en pleno estado de alarma y al iniciarse las protestas frente a la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, que la Guardia Civil de Galapagar desplegara un dispositivo especial de seguridad en torno a la parcela. Lo hizo sin que la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, que es competente en la materia, considerara necesario reforzar el dispositivo.

Desde entonces la calle donde viven el vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, que es una vía pública se ha sometido a un exclusivo blindaje que impide la libre circulación de los vecinos de Galapagar. Semanas después, el ministro ordenó cambiar a la Guardia Civil por la Policía Nacional que es, actualmente, la que se encarga de la seguridad. Grande-Marlaska, utiliza a los policías para realizar labores de vigilancia frente al casoplón del secretario general de Podemos. Los agentes, según los vecinos, dan la voz de alarma a la Guardia Civil –que son quienes tienen competencia territorial en el municipio– para intervenir en el caso de que se produzcan detenciones.

Este juicio tiene lugar unos días después de celebrar la vista oral contra Francisco Zugasti, el hombre que fue detenido, por atentado contra la autoridad, el 30 de diciembre junto al casoplón del vicepresidente primero, Pablo Iglesias, cuando había quedado con otras cinco personas para comer un roscón y tomar un chocolate.