Turull y Rull piden a la juez Lamela la libertad y el archivo de la causa por rebelión

La defensa de los ex consellers del PDeCAT Jordi Turull y Josep Rull ha pedido a la Audiencia Nacional su puesta en libertad, aduciendo que se limitaron a convocar el referéndum, sin «organizar o instigar por ninguna vía» tumultos ni actos de desobediencia a la acción de las autoridades o sus agentes.

Jordi Pina, abogado de Turull y Rull, ha presentado hoy sendos recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, después de que la juez instructora Carmen Lamela ratificara la semana pasada su decisión de mantenerlos en prisión preventiva, junto a otros seis consellers cesados, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

En su recursos, los ex consellers de Presidencia y de Territorio y Sostenibilidad, Jordi Turull y Josep Rull, se desvinculan de los «episodios aislados de incidentes» ocurridos, como los «escraches» ante hoteles donde se alojaban policías nacionales y guardias civiles, y de cualquier uso de la violencia contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Asimismo, Rull y Turull -que la semana pasada relevaron de su defensa a Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont- invocan la jurisprudencia para poner en cuestión que la Audiencia Nacional sea el órgano competente para enjuiciar los delitos de rebelión y secesión y piden que remita el caso a los juzgados de instrucción de Barcelona.

«Sólo han pretendido expresar opiniones políticas»

El recurso trata de desmontar los argumentos del delito de rebelión que la Fiscalía imputa al Govern cesado e insiste en que «el mero dictado de leyes o resoluciones de ninguna manera puede equipararse con la realización de un alzamiento público» y que las movilizaciones independentistas han sido pacíficas y solo han «pretendido expresar opiniones políticas».

«El votar a favor de una convocatoria ilegal de referéndum nada tiene que ver con alzarse de modo público o violento, que es lo exigido para la rebelión», razona el abogado, que niega que se conozcan a Turull y a Rull «manifestaciones alentando a los ciudadanos a alzarse en ningún sentido o a oponerse con violencia a la acción de las autoridades o sus agentes».

Para la defensa, tampoco «consta de modo alguno» que Turull y Rull «organizaran o instigaran por ninguna vía» protestas como las celebradas ante los hoteles que hospedaban a policías y guardias civiles, unas movilizaciones que, añade, «no pueden tener cabida en el tipo penal de la violencia pues no consta que ninguna persona fuera golpeada o maltratada de obra (…)».

Quieren evitar los 6,2 millones

El recurso reprocha a la Fiscalía que pretenda «hacer responsables a los consellers de cualquier acto de protesta -aun no violento -acontecido en los últimos meses a lo largo y ancho de la geografía catalana», sin indicio alguno de que hubieran «organizado, preparado o alentado» un «plan común» para alcanzar la independencia.

En el caso de Rull, el recurso subraya que nunca ha hecho «la más mínima insinuación o referencia al uso de la violencia contra la Guardia Civil, ni el más mínimo llamamiento a la desobediencia o a la celebración de concentraciones de protesta contra su actuación», lo que por otra parte, añade el recurso, «debería ser absolutamente legítimo en un Estado democrático y de Derecho».

En otro escrito, en este caso conjunto, Rull y Turull solicitan a la Audiencia Nacional que deje sin efecto la fianza de 6,2 millones de euros impuesta a los ex consellers del Govern de Carles Puigdemont, después de que el Tribunal Supremo denegara esta medida cautelar que la Fiscalía había solicitado para los miembros de la Mesa del Parlament.