Italia se niega a detener a Comín y Ponsatí como le pide Llarena pese a identificarles

Ni Toni Comín ni Clara Ponsatí, ambos eurodiputados de Junts per Catalunya en el Parlamento Europeo y fugados de la justicia española, han tenido problemas para entrar en Cerdeña y hacer vida más o menos normal pese a su situación judicial. A diferencia de lo que ocurrió con Carles Puigdemont el 23 de septiembre, cuando fue detenido nada más bajar del hotel, ni Comín ni Ponsatí han sido arrestados. Pero la policía italiano sí les ha identificado.

Al ex consejero de Salud y presidente del Consell per la República lo pararon este domingo por la calle una pareja de Carabinieris para identificarle y hacerle saber que lo tenían controlado en la ciudad sarda. Lo mismo ocurrió con la ex consejera de Educación, que en este caso recibió la visita policial ya de madrugada en la habitación del hotel en el cual se aloja. Italia, según fuentes separatistas, había trasladado al Gobierno español que no les detendría si visitaban el país. Eso mismo le han confirmado a Clara Ponsatí durante la visita en su hotel.

Esa información de que no correrían la misma suerte que su compañero en el Parlamento Europeo, y que por tanto tendrían impunidad de movimiento pese a tener una orden de detención y entrega europea activa, llegó también a manos de los independentistas. Por ese motivo Ponsatí viajó el pasado sábado con escala en Roma y Comín lo hizo este domingo, desde el aeropuerto belga de Charleroi, acompañando a Puigdemont.

La actitud de las autoridades italianas con los dos eurodiputados de Junts será una de las bazas que pretende usar la defensa del expresidente catalán durante la visita que se celebra en la Corte de Apelación de Sàsser. Su abogado, Gonzalo Boye, defenderá que ambos parlamentarios europeos no han tenido ningún problema para acceder a Italia a diferencia de lo que ocurrió con su representado, al que ya le esperaban al bajar del avión.

Con Puigdemont, tal como avanzó OKDIARIO en primicia, el CNI le tenía controlado en todo momento y al despegar desde Bruselas dio traslado a sus colegas italianos de que el líder independentista tenía una orden de detención y entrega pendiente. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena le reclama para juzgarle por los delitos de sedición y malversación de caudales públicos. El magistrado le considera el máximo responsable del golpe separatista de 2017.

En el embrollo sobre la validez o no de la euroorden que dictó Llarena, el magistrado sostiene que esta sigue teniendo vigencia. La abogacía del Estado, en manos de Pedro Sánchez, defiende sin embargo que se levantó hace meses y que en consecuencia el expresidente de la Generalitat no debe ser entregado a España. El Ejecutivo socialcomunista se alinea así con sus socios separatistas, imprescindibles para garantizar la estabilidad del Gobierno y la tranquilidad del presidente en La Moncloa.