Irene Montero tiene 16 asesores, más que 15 ministerios, entre ellos Defensa, Justicia o Interior

Irene Montero cuenta con 16 eventuales a su disposición, los conocidos asesores. Una cifra con la que supera hasta a 15 ministerios. El Ministerio de Igualdad, siempre polémico por sus leyes e informes, dispone de más asesores que, por ejemplo, Exteriores (15); Industria, Comercio y Turismo (14); Sanidad (15); Justicia (12) o Interior (13). El Ministerio de Defensa, por ejemplo, sólo tiene seis. Es decir, casi tres veces menos, según se recoge en la última actualización del Boletín de personal al servicio de las administraciones públicas.

Según este registro, el personal eventual del Gobierno socialcomunista lo integran 803 asistentes, 39 más que hace seis meses. Una cifra récord, nunca vista en democracia, y con la inflación en récord. De ellos, 383 corresponden al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños y que se encarga de los asuntos más vinculados al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Este departamento ha incorporado a 22 asesores más desde el año pasado, con los españoles sufriendo ya el impacto de la crisis económica. Le sigue Política Territorial, con 141.

Así, Igualdad sólo se ve superado en asesores por el Ministerio de Asuntos Económicos (17); Derechos Sociales y Agenda 2030, en manos de Ione Belarra (22) y Trabajo, en manos de Yolanda Díaz (21), además de los mencionados Presidencia y Política Territorial. Iguala a Transportes, también con 16.

‘A dedo’

El personal eventual es aquel que «en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin». Es decir, personal designado a dedo por el responsable político que corresponda.

Esos asesores siempre han sido objeto de una enorme opacidad. Incluso en lo relativo a sus sueldos, que los Ministerios se resisten a desvelar. En el caso de Irene Montero, OKDIARIO ya reveló recientemente que el salario de cada uno de estos trabajadores asciende a 53.461,40 euros brutos.

La ministra de Igualdad se ha negado además a facilitar información sobre las funciones concretas que realizan sus asesores. Preguntada sobre esa cuestión en el Congreso de los Diputados, se limitó a despachar que «las funciones no pueden ser especificadas, pues se trata de asesoramiento en diversas materias propias del departamento».

Además, como ya informó este periódico, el Ministerio de Igualdad ha desembolsado 1.545.647 euros desde su creación, en enero de 2020, para pagar las retribuciones de sus altos cargos. Todos ellos cobran más que la propia ministra -que recibió un sueldo de 74.858,16 euros el año pasado-, según los últimos datos actualizados.

También el departamento de Montero ha sido polémico por el reciente traslado de sede del Instituto de las Mujeres, que reveló OKDIARIO, y que supone un desembolso mensual de 100.000 euros. Desde el Ministerio se justificó que dicha mudanza era necesaria para disponer de «instalaciones más adecuadas y una mejor y más accesible ubicación que facilite una mayor cercanía a la ciudadanía» y, con ello, «el desarrollo de las funciones» del organismo.

Polémicas

El gasto del Ministerio de Igualdad se acompaña de una polémica actividad legislativa.

Montero está actualmente centrada en la aprobación de la ley del aborto, que permitirá a las menores de 16 años interrumpir su embarazo sin necesidad de contar con el permiso de sus padres.

Además, está pendiente de tramitación parlamentaria la conocida como ley trans, que autoriza el cambio de sexo en el Registro Civil también a partir de los 14 años con una simple declaración, es decir, sin aportar informes médicos ni testigos ni tener que someterse, como ocurría hasta ahora, a un periodo de hormonación durante dos años. A partir de los 16 no será tampoco necesario contar con el consentimiento paterno.

Las normas de Montero han contado con las críticas del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado. El máximo órgano de los jueces ha advertido por ejemplo, que la ley trans «contradice el derecho fundamental a la igualdad» y «discrimina a las mujeres».Según los jueces, la norma tampoco cumple con el principio de especial protección de los menores de edad.