Investigada la ex directora de la cárcel de Aranjuez por no perseguir amenazas de muerte a un funcionario

En julio de 2019 la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias despachó una orden que entre el personal laboral de las cárceles de España se conoce como ‘orden de la vergüenza’. Y se ganó ese sobrenombre porque los responsables del Ministerio del Interior en las prisiones decidieron que cualquier denuncia de un preso contra un funcionario de prisiones, hubiera pruebas físicas o no de lo denunciado, sería puesto en conocimiento del juzgado de guardia correspondiente. Lo que no decía esa orden, ni ninguna otra, es que si el caso fuera el opuesto la dirección de una prisión podría hacer oídos sordos y abandonar a uno de sus trabajadores a su suerte. Ahora un juzgado ha incoado diligencias contra una ex directora de prisiones por dejar tirado a un funcionario que recibió amenazas por parte de un peligroso recluso.

Los hechos se remontan a diciembre de 2019, cinco meses después de la aprobación de la ‘orden de la vergüenza’. El relato al que ha tenido acceso OKDIARIO no deja lugar a las dudas sobre la importancia de las amenazas recibidas por uno de los trabajadores del centro penitenciario de Aranjuez.

El 1 de diciembre Estefan M., un violento recluso que cumplía condena por robo con fuerza, se dirigió a uno de los funcionarios de la prisión para decirle que quería hablar con el jefe de Servicio. Al parecer, el interno andaba molesto porque no se le permitía comunicarse con su madre. La prohibición no era gratuita, ya que a la madre de Estefan se le había interceptado un cargador que había escondido en un paquete dirigido a su hijo. El objeto en sí y el utensilio que podría cargar, un teléfono móvil ilegal, por ejemplo, eran motivo de sobra para sancionar a Estefan y que no pudiera comunicarse con su madre de manera temporal.

Así que el funcionario al que se dirigía Estefan le hizo saber que le estaba pasando algo lógico después de haber pillado el cargador ilegal en el paquete de su madre, así que no veía motivo para molestar al jefe de Servicio. Estefan no se lo tomó muy bien y le contestó “ay si te cojo en la calle, (…), soy boxeador y pertenezco a una banda latina de dominicanos. Me hacéis esto porque sois unos racistas. Si pudiera estampaba esta silla en vuestra cabeza. Cuando salga voy a coger una pistola y pum, pum, me los cargo”. Estefan rubricó esta sarta de piropos lanzando un puñetazo al aire.

Los hechos quedaron convenientemente registrados y denunciados por conducto interno y oficial a la dirección del centro, pero pasado un mes el trabajador denunciante no tenían ninguna noticia de qué iba a hacer la directora al respecto. Eso llevó al trabajador a dirigir un escrito a la directora en enero de 2020. OKDIARIO tiene copia de ese escrito y en él se recuerda a la directora que la ley la obliga a poner en conocimiento de los tribunales el hecho de que un trabajador había sido amenazado por razón de su profesión.

A este escrito sí que respondió la directora de la cárcel. Lo hizo sólo cinco días después, y tras hacer consideraciones jurídicas sobre qué es o qué no es un delito, ojo, según su criterio, la directora justificó los hechos asegurando que “la amenaza es un instrumento utilizado comúnmente por los internos, sin que por regla general los funcionarios se la tomen como algo serio o creíble, sin perjuicio de que pudiera serlo”.

Lo de ir al juzgado de guardia más cercano está claro que sólo vale si los presos denuncian según la ‘orden de la vergüenza’. Si lo hace un funcionario, aunque las amenazas sea tan graves como estas, que se busque la vida.

Pero la historia no acabó ahí. El trabajador denunció los hechos de manera personal, aunque las amenazas se hubieran producido en su lugar de trabajo y por motivo de este. Estefan fue condenado a unos meses de cárcel más por un delito de amenazas.

Por cierto, Estefan está ahora preso en León, en primer grado, clasificación sólo empleada para reclusos muy peligrosos. ¿Dónde está la directora denunciada? En marzo de 2020 fue ascendida a subdirectora general de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas, con despacho en la calle Alcalá, en Madrid.

Allí habrá sido dónde le haya llegado la notificación del juzgado que ha decidido incoar diligencias, después de que la asociación Tu Abandono Me Puede Matar haya decidido hacer lo que ella no quiso: proteger a un funcionario de prisiones en los tribunales, ya no del preso que lo amenazó, sino de la directora que ignoró aquellas amenazas.