El interventor de la Junta de Andalucía dice que el sistema de los ERE era «irregular»

Luis Hinojosa Gómez, interventor adjunto a la Intervención General de la Junta en materia de fiscalización y coordinación entre el año 2000 y 2016, ha declarado este miércoles que el sistema de concesión y pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el Caso ERE entre los años 2001 y 2010 fue «absolutamente irregular» y ha manifestado que los titulares de la Consejería de Empleo pudieron «revertir la situación».

Hinojosa, que actualmente sigue ejerciendo como interventor en la Administración autonómica, ha comparecido este miércoles como testigo, a propuesta de la defensa del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán, por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis en los ERE desde 2001 hasta 2010.

Cabe recordar que en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Dirección de General de Trabajo, a través del programa presupuestario 31L de ayudas sociolaborales, allegaría fondos fondos a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA para que este ente instrumental de la Junta materalizara el pago de las citadas ayudas concedidas por la propia Dirección General. Este sistema, según las acusaciones, permitió eludir la fiscalización previa las subvenciones concedidas.

Pues bien, el testigo ha manifestado durante el interrogatorio que «lo que se dio aquí -en relación al sistema de concesión de ayudas- fue absolutamente irregular, pues se usaba una transferencia de financiación para financiar la actividad propia de IDEA pero para pagar una subvención concedida por la Consejería».

Hinojosa, en este sentido y preguntado por el abogado de Manuel Gómez, ha señalado que los titulares de la Consejería de Empleo, encontrándose en esta causa procesados José Antonio Viera y Antonio Fernández, tenían competencias para poder «revertir» la situación ante las advertencias que desde la Intervención General se estaban exponiendo por la ausencia de fiscalización previa de las ayudas.