El intermediario de Zaplana pactó con el fiscal su absolución a cambio de testificar contra él

El fiscal del caso Erial, Pablo Ponce Martínez, viajó a mediados de diciembre a Montevideo (Uruguay) con un objetivo: pactar con el abogado Fernando Belhot un cambio en su posición procesal en la causa.

Así es como Belhot pasó de investigado en la causa a un testigo de cargo. A cambio, el uruguayo se comprometió a testificar en relación a la gestión realizada para el ex presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana. En el sumario, cuyo secreto se ha levantado parcialmente, aparece un documento firmado por el fiscal Pablo Ponce y el empresario uruguayo mediante el cual el «Ministerio Fiscal español se compromete a realizar las gestiones necesarias para que la declaración en calidad de testigo se realice lo antes posible por videoconferencia».

Por su parte, el gestor de Eduardo Zaplana acordó «relatar con detalle la gestión patrimonial, poniendo a disposición de las autoridades españolas un patrimonio que asciende en metálico a 6,7 millones de euros y a 3,3 millones de euros en diferentes inversiones», según consta en el escrito.

En un auto firmado diez después por la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, María Isabel Rodríguez, que se ha encargado de la investigación del caso Zaplana, autoriza el cambio de posición procesal de Fernando Belhot con el fin de que el uruguayo, de profesión abogado, «colabore para esclarecer los hechos investigados firmando el documento que se adjunta, en el que manifiesta que debido a su profesión gestionó parte del patrimonio de Eduardo Zaplana en el extranjero a través de los investigados Miguel Barceló y Francisco Grau».

La UCO solicitó prisión

El mismo día en el que el ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ingresó en prisión provisional –el 24 de mayo de 2018–, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil redactó un informe solicitando la detención preventiva y extradición del abogado uruguayo Fernando Belhot.

El documento firmando por el agente con número de placa L67318Z, vincula a Belhot –entonces investigado en la causa– con la trama que se encontraba en fase de instrucción. Asegura que existe una «participación concreta -del gestor- en los hechos investigados (…) y le asigna indiciariamente el papel de haber sido el aparente destinatario (…) de los activos de la mercantil luxemburguesa IMISON INTERNACIONAL –supuesta destinataria de comisión ilícita–».

Además, el escrito expone que: «Del contenido de las conversaciones captadas entre Fernando Belhot y Eduardo Zaplana se barajaba como hipótesis policial que el intermediario titulase los fondos [de las mercantiles panameñas con cuentas bancarias en Andorra] en nombre del ex presidente valenciano».