Interior relevará al jefe de la UCO por la cadena de errores cometidos en las últimas investigaciones

«No existen indicios más allá de la sospecha». La frase corresponde al juez Antonio Serran-Arnal, que hace unas semanas archivó la investigación sobre Rodrigo Rato por supuesto blanqueo, cohecho y malversación de fondos públicos con un contundente alegato contra el trabajo desarrollado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) y sus «sospechas sin sustento» en este asunto.

Antes que el archivo del caso de Rato, le tocó el turno a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La UCO propuso al juez Velasco investigar a Cristina Cifuentes por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid, por su papel como patrono de Fundescam y por haber sido una de las responsables de campaña del PP regional durante los años investigados en ‘Púnica’.

El juez Velasco y la Fiscalía apenas tardaron dos horas en descartar que existieran indicios de delito en el comportamiento de Cifuentes. No fue suficiente para la UCO, que volvió a filtrar un segundo informe contra la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid.

Pero ha sido la absolución de los 30 imputados en el caso Guateque (una trama de corrupción de funcionarios en el Ayuntamiento de Madrid) la gota que ha terminado de ‘condenar’ a la UCO. La prueba se obtuvo con «mala fe» de «agentes no identificados» de la Guardia Civil. Concretamente fue una grabación que nació «viciada» porque se obtuvo sin autorización judicial, a pesar de lo cual dio origen a la denuncia.

La prueba viciada que anuló el caso ‘Guateque’ se obtuvo con «mala fe» de «agentes no identificados» de la Guardia Civil.

Látigo de la corrupción

La UCO se ha convertido en el látigo de la corrupción en España. Sus informes son temidos. Y cuando llegan a la mesa de un juez, se convierten en dinamita para el prestigio público de los implicados.

Al frente de la UCO está el coronel Manuel Sánchez Corbí, hijo y nieto de guardias civiles. Creció en la casa cuartel de Irún en los años del plomo del terrorismo etarra, cuando los policías y guardias civiles caían un día sí y otro también víctimas de los pistoleros de ETA.

No sorprende, pues, que tras licenciarse en la Academia Militar de Zaragoza pidiera destino en la Brigada de Información de Vizcaya y desarrollara gran parte de su carrera en el cuartel de Inchaurrondo. Corbí dedicó 25 años de su vida a combatir el terrorismo. En 1997 fue condenado a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por torturas a un detenido en Basauri en el año 1992.

La condena fue rebajada después por el Tribunal Supremo a doce meses de cárcel y seis años de inhabilitación en 1998. El militar fue finalmente indultado en 1999 por el primer Gobierno de Aznar. Era ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante.

La labor antiterrorista de Manuel Sánchez Corbí fue reconocida también fuera de España. El hoy jefe de la UCO cuenta entre sus distinciones la Legión de Honor francesa, la más alta condecoración que otorga la República de Francia, instaurada en 1804 por Napoleón Bonaparte. Únicamente tres guardias civiles han recibido esta condecoración. «Me enseñó qué era verdaderamente la banda terrorista ETA», dijo de él la exjuez antiterrorista Laurence Levert.

Corbí abandonó la lucha antiterrorista en 2013 y pasó a desempeñar entonces labores de investigación en la UCO. «Es injusto que un terrorista como Otegi quiera pasar página». Así se expresaba, ya como coronel jefe de UCO, durante una conferencia titulada «Guardias civiles víctimas de ETA», organizada por la Universidad Camilo José Cela en mayo de 2016. En aquellos momentos, el líder de Sortu, recientemente excarcelado, aspiraba a ser el candidato a lehendakari de EH Bildu en las elecciones de septiembre, algo que el Tribunal Constitucional impidió.

El ministro de Interior quiere introducir «controles de legalidad» que eviten dañar la dignidad y derechos de las personas a las que afectan las diligencias policiales

Controles de legalidad

Los días de Manuel Sánchez Corbí al frente de la UCO están contados. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha perdido la confianza en él después de una cadena de errores que han minado el prestigio de su labor. El ministro, juez de carrera, defiende que la Guardia Civil siga investigando con «libertad», pero introduciendo «controles de legalidad» que eviten dañar la dignidad y derechos de las personas a las que afectan las diligencias policiales.