España
Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos

Un informe del PSOE advierte de que la exhumación de Franco «radicalizará» a la sociedad

El informe de la Comisión de Expertos para el Valle de los Caídos, encargado en su día por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para analizar la viabilidad de una resignificación del lugar así como la exhumación de las fosas, avisa de que sacar a Franco y a Primo de Rivera puede «radicalizar» a la opinión pública, y desaconseja hacerlo sin «consenso».  Y mucho más cuando la Iglesia no lo autorice.

Así consta en el apartado de votos particulares emitidos por tres de los autores del informe: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón- uno de los padres de la Constitución-Pedro González-Trevijano- juez del Tribunal Constitucional-y el jurista Feliciano Barrios Pintado.

En el texto, estos expertos se muestran contundentes al considerar que «la exhumación y el traslado de los restos de un jefe de Estado, por incompatibilidad con su régimen político, resultaría hoy impropia en nuestro contexto europeo y occidental presente, donde no se ha dado nada semejante».

«La hipotética incompatibilidad de tal sepultura con las de los restos cadavéricos que yacen en los osarios es solucionable separando, al menos conceptualmente, los osarios del interior de la Basílica, dando así cumplimiento a la ley de 2007 que distingue el lugar del culto, la Basílica y el cementerio público», se señala.

«La exhumación y el traslado de los restos de un jefe de Estado, resultaría hoy impropia en nuestro contexto», señalan

Los expertos avisan de que la intervención en la Basílica «es difícil porque exige una negociación con la autoridad eclesiástica y la autorización de la misma, dada la condición de lugar sagrado de la Basílica y la inviolabilidad que a la misma garantiza el Acuerdo de 1979 entre el Estado y la Sana Sede».

Precisamente, como informó OKDIARIO, la Iglesia no está dispuesta a facilitar el traslado de los restos del dictador sin el consentimiento de la familia, un nuevo revés para el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este viernes que «la democracia llegará al Valle de los Caídos», pero evitó poner fecha a la exhumación, como sí hizo semanas atrás cuando la fijó en «antes de agosto».

Ahora, superados esos plazos, el Gobierno socialista se ve en serios aprietos, sobre todo por las trabas jurídicas y el rechazo de la familia Franco, para encontrar una fórmula que permita aplicar lo prometido.

«Lo importante es que se haga con todas las garantías. La decisión política está tomada y este Gobierno va cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados», aseveró Sánchez, que concluyó que «si hemos esperado 40 años, no pasa nada por esperar unas semanas, unos días».

El informe de los expertos, en sus conclusiones particulares, es taxativo al afirmar que «no es fácil la determinación» de la autoridad eclesiástica. «La del Abad del Valle está trabada por el compromiso adquirido el 23 de noviembre de 1975 en el acto del enterramiento del anterior Jefe del Estado, según consta en el Acta levantada por el Notario Mayor del Reino. Además, el último superior jerárquico del Abad es el Sumo Pontífice, cuyo hipotético recurso supondría una negociación de carácter internacional». 

«La exhumación es inoportuna»

«La exhumación y correspondiente traslado es, al menos hoy, inoportuna y contribuiría a dividir y radicalizar la opinión pública, más allá del consenso parlamentario difícil en sí mismo», opinaban estos autores, que añadían que «una parte no pequeña de los españoles considerarían que la exhumación supone una descalificación de un largo periodo de la historia de España y a otra parte resultaría muy ingrato el traslado de los restos del general Franco con la dignidad que corresponde a un Jefe del Estado». «Y todo ello en una circunstancia en que la opinión está y estará más dividida y radicalizada por las graves circunstancias económicas, sociales y políticas presentes».

Los expertos aconsejan analizar el «impacto» que la exhumación tendrá en la sociedad y contar con las autoridades eclesiásticas

Los expertos aconsejaban que en el caso de que el Gobierno de turno estimase «oportuno» el traslado de los restos «con la dignidad que requiere la inhumación de un Jefe de Estado» debería tenerse en cuenta «el impacto que ello pudiera tener en la opinión pública, para evitar la radicalización de la misma, contar con el más amplio consenso parlamentario y llevar a buen término la negociación con las autoridades eclesiásticas competentes».

La Iglesia ha decidido, sin embargo, que no colaborará en tanto la familia se oponga. Y se trata de una decisión que viene desde el Vaticano.

La Fundación Francisco Franco, además, se querellará contra Sánchez por profanación si incumple la ley. Señalan que el Gobierno “debe respetar los trámites legales blindados por Ley Orgánica. Si hace uso de un decreto, la forma jurídica será inferior y, por lo tanto, no se tratará de una exhumación sino de una profanación».