España

El CSIC pidió a Sánchez «garantizar la estabilidad de los forjados» del Valle antes de abrir tumbas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto manos a la obra en la labor de las exhumaciones de tumbas en el Valle de los Caídos. La semana pasada anunció ya, casualmente en plena concesión de indultos, su deseo de empezar las exhumaciones, en base a una licencia de obras. Por el camino ya ha abierto agujeros en las paredes de la basílica para enseñar osarios con restos mortales a familias.

Y todo lo hace, pese a la oposición de más de 70 de familias que han exigido expresamente que se dejen en paz los osarios con los restos de sus antepasados, y pese a contar con un informe del CSIC y el Instituto Torroja del año 2019 en el que se advertía al Gobierno de que se debían adoptar “medidas de seguridad, previo al acceso de personal a la estancia, que garanticen la estabilidad de los forjados”.

El Gobierno lleva tiempo perforando las paredes de la cripta para que los familiares puedan ver las arcas en las que reposan los restos mortales de sus antepasados. Y, según afirma la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos, ya ha enseñado osarios equivocados. Osarios ubicados en plantas donde no yacen los restos que afirma mostrar. Y es que, según la Asociación, ha perforado, por ejemplo paredes pensando que las alturas de la cripta coincidían con las de las galerías de osarios, como ya ha publicado OKDIARIO.

Por si fuera poco, el Gobierno cuenta con un informe del CSIC y del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja donde se advierte del delicado estado de algunas partes de las criptas y de la necesidad de tener cuidado en los trabajos de extracción de osarios.

Las “recomendaciones de actuación para el acceso a las cámaras pasarían” por determinadas medidas, según el informe. Algunas puntuales, como, en la capilla del Santo Sepulcro, realizar solamente “huecos en el centro de las zonas indicadas” por el organismo científico, de forma que “la demolición de parte de este cerramiento, que no es estructural”, no pueda afectar a “la estabilidad y seguridad estructural del conjunto y, una vez realizadas las tareas de identificación de las cajas y retirada de restos cadavéricos” reconstruirse “con materiales similares a los existentes”.

Otras exigencias inmensamente detalladas, como las que afectan a la «Capilla del Santísimo: el acceso a los niveles 3 y 4 de esta capilla puede realizarse desde el hueco situado en el cerramiento del último descansillo de la escalera. Adicionalmente, es posible que pueda accederse al nivel 4 desde el espacio tabicado accesible desde la trampilla de techo del local de nivel 3, ubicado simétrico a la escalera”.

Pero otra de las conclusiones del estudio es más genérica: «Adopción de medidas de seguridad, previo al acceso de personal a la estancia, que garanticen la estabilidad de los forjados, por los motivos expuestos anteriormente”. Es decir, para evitar daños estructurales.
 Y es que se trata de trabajos delicados.

 

Exhumaciones

El Gobierno, en medio de todo ello, ha decidido dar el banderazo de salida a las “exhumaciones” de tumbas en el Valle de los Caídos justo tras conceder los indultos a los golpistas del 1-O. Lo confirmaba la vicepresidenta Carmen Calvo, quien aseguraba el pasado jueves que contaba con una “licencia de obras” en el Valle de los Caídos con la que, según ella, queda habilitada para comenzar “los trabajos de exhumación”.

Varias de las familias con antepasados en el Valle no han tardado en poner el grito en el cielo. Pero no han parado ahí: además, han empezado a remitir cartas a la presidenta de Patrimonio Nacional advirtiendo de su total oposición a cualquier acto que suponga “registrar, exhumar, trasladar o manipular los restos” de sus antepasados “con cualquiera que sea la finalidad, incluidas pruebas forenses o de identificación”. Y, todo ello, con la advertencia expresa de que, “de incumplirse el presente requerimiento”, ejercitarán “las acciones legales procedentes” contra los poderes públicos.

En total, 70 familias han remitido ya cartas a la presidenta de este organismo, Llanos Castellanos, y hasta 216 familias asociadas en defensa de sus intereses podrían interponer acciones legales contra el Gobierno si toca los restos mortales de sus antepasados, como ya ha publicado OKDIARIO.
En el Valle hay enterradas 33.000 personas. El Gobierno sólo ha contado con 60 expedientes para iniciar las labores de recuperación de sus restos a petición de las familias. Y ahora, con una licencia de obras con la que asegura el Gobierno que puede exhumar tumbas.