Los independentistas recurren ante el TC para evitar la suspensión de la ley del referéndum ilegal

La Generalitat de Cataluña ha presentado hoy el anunciado recurso de súplica ante el Tribunal Constitucional (TC) para que retire la suspensión sobre la reforma del reglamento del Parlament que permitiría aprobar la ley del referéndum ilegal del 1-O. Sus abogados alegan que se ha producido un «abuso de derecho» en la impugnación que realizó el Gobierno central.

El pleno del TC admitía este lunes lunes el recurso presentado por el Gobierno contra la reforma del Reglamento del Parlamento de Cataluña que permitirá facilitar el referéndum ilegal del 1-O y la desconexión exprés.

La modificación del artículo 135.2 aprobada por el bloque independentista permitía la aprobación de leyes en un solo día de las leyes de ruptura como la Ley de Referéndum y la Ley de Transitoriedad Jurídica.

Los abogados de la Generalitat ponen de manifiesto en el escrito que el procedimiento impugnado, la lectura única para las proposiciones de ley, figura en los reglamentos de otros parlamentos autonómicos y en el del Congreso de los Diputados, en su artículo 150. Por lo que entienden que solo se ha impugnado por su posible futura finalidad: aprobar de forma exprés la ley del referéndum.

Alegan » abuso de derecho» en el recurso del Gobierno

En el recurso, los letrados del gobierno catalán argumentan que resulta «a todas luces desproporcionado, excesivo, contrario a las reglas de la buena fe procesal y, en definitiva, abusivo, acudir a la impugnación en sede constitucional de una norma como es el Reglamento de una cámara parlamentaria».

En este sentido, piden al TC que no admita a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ejecutivo de Rajoy, de modo que «se impida el abuso de derecho y la desviación de poder que resultan de la impugnación planteada».

Si el recurso de súplica no surge efecto, los abogados del gobierno que preside Carles Puigemont avanzan que presentarán alegaciones para defender la «plena constitucionalidad» del artículo impugnado, reclamar la desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto y pedir el levantamiento de la suspensión.

Alegan que el recurso que presentó el Gobierno del PP contra los independentistas «se funda no en la inconstitucionalidad del texto normativo impugnado, sino en la presunción de su futura aplicación a un supuesto determinado», en el contexto del proceso soberanista.

Por lo tanto, «es evidente que nos encontramos ante un recurso meramente interpretativo, contrario al principio de presunción de la constitucionalidad de las leyes», destacan.

Para los letrados, el recurso de inconstitucionalidad que acarrea suspensión inmediata «debiera usarse sólo excepcionalmente». Y, aseguran,  puede generar un «daño injustificado» a la autonomía parlamentaria del Parlamento de Cataluña.