La inacción de Iglesias con los ancianos: 1.316 brotes en residencias sin nuevas medidas contra el virus

La discutida gestión contra el coronavirus del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las residencias de ancianos se refleja en las cifras que ofrece su propio Gobierno. El Ministerio de Sanidad confirma a estas instalaciones como uno de los grandes focos del drama de la crisis sanitaria: se han registrado 1.316 brotes desde el inicio de la desescalada, que acumulan 24.175 contagios. 

Sin embargo, no fue hasta la pasada semana cuando desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, se actualizó el protocolo para hacer frente al virus, especialmente con vistas a las próximas fiestas navideñas.

El informe admite algunos errores durante la primera ola, que engloba bajo el apartado de «lecciones aprendidas». Señala, por ejemplo, la importancia de que los centros se reorganicen «antes de la aparición de brotes», creando pequeñas unidades de residentes que serán atendidas «preferentemente por el mismo personal».

Si se detecta un caso, la residencia «debe desencadenar de forma inmediata diversas medidas, entre las que es imprescindible la realización de pruebas diagnósticas de, al menos, a todas las personas de la misma burbuja».

El informe reconoce que los test de antígenos, que la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso lleva realizando desde hace meses, pese al rechazo del Gobierno, «pueden ser de muchísima utilidad» por la «rapidez en obtención de resultados -entre 15 y 30 minutos-, menor coste y posibilidad de toma de muestra y obtención de resultado sin remitir pruebas a laboratorio».

20.000 fallecidos

El documento cifra en unos 20.000 ancianos en residencias los fallecidos durante la primera ola de la pandemia, en la que Iglesias ostentaba el mando único, lo que equivale al 6% de los residentes de esos centros y casi la mitad de las muertes provocadas por el Covid-19, según los datos oficiales.

Se trata de una mortalidad superior a la de otros países europeos, como Escocia (5,5%), Reino Unido (5,2%), Bélgica (5%), EEUU (4,2%) y Francia (2,5%).

Asimismo, se destaca que el mayor impacto se registró entre personas con dependencia reconocida y dentro del Programa Individual de Atención en centros residenciales, es decir, entre el colectivo de ancianos más frágil.

En cuanto a las responsabilidades, el informe llega a atribuirlas, además de la edad y la mayor vulnerabilidad por enfermedades previas, a que se trata de entornos cerrados y a que el personal de las residencias que los atiende «favorece la transmisión». Además, se señala la falta de test -una de las reivindicaciones de la patronal de residencias, que fue desatendida por el Ejecutivo-, así como la «alta carga de trabajo» o la «falta de preparación del personal».

El informe de Pablo Iglesias admite, además, que el virus entró en las residencias mucho antes del mes de marzo, fundamentalmente a través de personas procedentes del exterior. Se señala, de esta forma, que cuando se aprobaron oficialmente las primeras medidas, «el patógeno ya se había introducido en muchos centros». Cabe recordar que el Gobierno alentó sin embargo las marchas ideológicas del 8-M, pese a que por entonces el virus ya estaba descontrolado.

En cuanto a las recomendaciones, se destaca que «el confinamiento de las personas que viven en residencia debe evitarse en lo posible y limitarse, en todo caso, a los casos sospechosos y/o positivos».

Además, se fomentará que los residentes de esos centros puedan mantener contacto con sus familiares y allegados, por medio de sistemas telemáticos y crear «espacios seguros en el exterior de los centros residenciales a fin de propiciar encuentros interpersonales entre residentes y sus allegados, así como organizar salidas, paseos, etc, utilizando espacios abiertos y seguros con las debidas medidas de protección».

El documento señala que «las limitaciones a las visitas deben aplicarse siempre con flexibilidad especialmente ante situaciones de enfermedad avanzada, final de vida o de residentes con riesgo de síndrome confusional (delírium) o que presenten graves alteraciones conductuales, siempre con medidas estrictas de prevención de la infección para personal y familiares».

Según los últimos datos recogidos por Sanidad, en la última semana contabilizada -a 3 de diciembre- se han registrado 58 brotes en residencias, con 728 contagios. En centros de día se han infectado otras 169 personas.

El Ministerio lleva semanas avisando de la crítica situación en las residencias, donde se detectan «los brotes de mayor tamaño».

Petición de las residencias

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) remitió hace unos días una carta a la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Pablo Iglesias en la que reclamaba un auténtico plan contra el drama del coronavirus.

Entre sus principales peticiones estaba que se indicase «claramente el intervalo mínimo de tiempo en el que hay que hacer test diagnósticos, y su tipología (antigénicos o PCR) a los residentes (tanto a los que ya están dentro de la residencia como a los nuevos ingresos) y a los profesionales (a los estables y a las nuevas incorporaciones)».

Además, se apuntaba la necesidad de que al fin se fijen «las reservas estratégicas mínimas de equipos de protección individual (EPI) que debería tener cada residencia». «Sugerimos que la reserva recomendable es el equivalente al consumo de 3 meses, tomando como referencia el consumo medio del mes de mayor incidencia de la primera oleada epidémica», desarrollan.

Su diagnóstico es pesimista: «En esta segunda ola de la epidemia, los brotes que se están registrando son doce veces más frecuentes en residencias que en la población general y tres veces más intensos».