El impuestazo de Sánchez que no secunda la UE evitó los informes del Banco Central Europeo y la CNMC

El impuestazo a la facturación de la banca y las eléctricas que quiere aprobar Pedro Sánchez y que esta semana inició su tramitación parlamentaria, pese a ser diferente del gravamen planteado por Bruselas a los beneficios extraordinarios, fue presentado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos y no como proyecto de ley del propio Gobierno para esquivar así los informes preceptivos (obligatorios no vinculantes) de organismos oficiales como el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Así lo denuncian fuentes de la dirección del PP, recalcando que si se hubiera pretendido registrar como proyecto de ley del Gobierno «no habría pasado el más mínimo filtro del Ministerio de Hacienda», aseguran dichas fuentes. De esta forma, prosiguen, con esta maniobra el Ejecutivo de Sánchez ha eludido que se emitan los informes de los organismos oficiales y ha evitado que se produzca un «debate sereno» sobre los mismos. «Ese debate se ha usurpado la sociedad, cuando las decisiones que se aprueban afectan a la vida de la gente», añaden las mismas fuentes.

«Si esto hubiera sido un proyecto de ley, el Banco Central Europeo habría emitido su informe. Pero el Gobierno no ha querido aquí pedir esos informes. Se legisla de una manera para no lleguen esas valoraciones preceptivas», explican fuentes del PP en alusión a la vía de la proposición de ley de PSOE y Podemos por la que ha optado aquí el Ejecutivo.

«Adaptarlo»

El impuestazo a la banca y las eléctricas acaba de iniciar su tramitación parlamentaria, pero el Gobierno de Sánchez ha abierto ya la puerta a modificarlo para «adaptarlo» a la normativa europea, que plantea un gravamen diferente, esto es, no sobre la facturación sino sobre los beneficios extraordinarios. Será en la próxima reunión de los ministros de Energía de la UE del próximo 30 de septiembre cuando Bruselas perfile su propuesta, que ya de partida es bien distinta al impuestazo de Sánchez.

Asimismo, otra cuestión clave en la que inciden los populares es que, mientras la tasa que propone la Comisión Europea debe ir dirigida directamente a abaratar la factura de la luz, el impuestazo de Sánchez a las eléctricas y los bancos irá destinado a la caja de recaudación, donde el Gobierno ya ha ingresado más de 22.000 millones extra en lo que va de año.

En este contexto, las fuentes del PP señalan que «si el Gobierno traslada a España la propuesta europea sin ocurrencias, tendrá el apoyo del Partido Popular, porque siempre hemos defendido cualquier medida destinada a rebajar la factura» de los hogares. Las fuentes citadas apuntan que lo correcto en esta situación sería que el Ejecutivo llevara esta cuestión al Congreso de los Diputados mediante la fórmula del proyecto de ley, más garantista y con obligación de solicitar los informes correspondientes a los organismos especializados. De lo contrario, si mantiene la proposición de ley de PSOE y Podemos -los dos partidos del Gobierno- y termina llegando al BOE, se arriesga a que luego sea declarado inconstitucional dicho impuestazo, teniendo entonces que devolver lo recaudado ilegalmente.

Otro pirueta que ha realizado el Gobierno ha sido no llamar «impuesto» a este nuevo tributo, sino «prestación patrimonial de carácter público no tributario». El objetivo así es defenderse de las demandas que van a interponer estos sectores para tumbar dicho impuesto por doble imposición (el Impuesto de Sociedades ya grava estos conceptos). El Ejecutivo insistirá en que no es un impuesto sino otra figura. Algo que, según numerosos juristas, previsiblemente tumbarán los tribunales.