Illa gastará 320.000 € en inspecciones «in situ» a bares y comercios para imponer el catalán

Salvador Illa ha continuado la estela independentista en su pulso por arrinconar el castellano, sobre todo en el ámbito privado. Concretamente, el Gobierno de la Generalitat destinará 320.000 euros en analizar y controlar «in situ» a los comercios y establecimientos de restauración. Unas inspecciones que se reactivan la persecución del catalán tras el acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y ERC para investir presidente a Illa.

El presidente de la Generalitat ha firmado junto con ERC y los Comuns el Pacte Nacional per la Llengua. Este plan está dotado con 255 millones, y tiene como objetivo imponer el catalán en toda la administración pública y en las empresas privadas. Además, fija como meta aumentar el número de hablantes en catalán «en al menos 600.000» entre 2025 y 2030, lo que supondría 100.000 hablantes más al año.

Dentro del mismo, se recogen las medidas que se van a llevar a cabo en 2025 para conseguir la implantación total del catalán en los establecimientos privados, tales como bares o comercios. Así, el Ejecutivo de Illa destinará 120.000 euros a continuar desarrollando planes de análisis sobre el uso del catalán en los comercios de la región, a los que hay que sumar otros 200.000 euros para enviar emisarios del catalán a estos establecimientos para asesorar y controlar «in situ» a los dueños de estos locales.

El catalán es una de las piedras angulares del acuerdo entre Pedro Sánchez y ERC. Por este motivo, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha lanzado un plan lingüístico que incluye entre sus puntos un aumento del control y de las inspecciones a comercios y empresas que no rotulen u ofrezcan sus servicios en catalán. Una medida «necesaria» para el Ejecutivo de Illa, que asegura que los catalanes «pueden dejar de usarlo» si desde las organizaciones privadas no se «normaliza».

El Gobierno de la Generalitat quiere involucrar al sector privado, endureciendo las inspecciones lingüísticas. «Es necesario garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio, como por ejemplo la rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios», recoge el plan de acción elaborado por Illa. Para ello, dotará a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios, incrementando así los controles a las organizaciones privadas en materia lingüística.

Cabe recordar que el Gobierno de Pere Aragonés recaudó casi medio millón de euros a través de las multas impuestas a comercios por el incumplimiento de la política lingüística. En 2023, el departamento de consumo llevó a cabo un total de 261 sanciones a establecimientos por no rotular o hablar en catalán, algo que, ahora, quiere reforzar el nuevo Ejecutivo del socialista Salvador Illa. El montante total de estas sanciones ascendió el pasado año a los 496.920 euros, lo que supone un aumento del 340% con respecto al ejercicio anterior.

Aumento de las inspecciones

La llegada de Salvador Illa al Gobierno de la Generalitat reactivó las inspecciones lingüísticas a comercios de la región. Concretamente, el Servicio Comarcal del Catalán visitó de forma aleatoria este verano 20 establecimientos comerciales y de restauración en pueblos turísticos de la zona de Reus (Tarragona) para comprobar si cumplían con la Ley de política lingüística.

El pasado verano, el Servicio Comarcal del Catalán del Priorat (SCC) llevaba a cabo una campaña de inspecciones en las localidades de Morera de Montsant,  Escaladei, Porrera y Poboleda, pueblos que se caracterizan por ser muy turísticos. El objetivo de las visitas era dar a conocer los servicios que se ofrecen al sector empresarial, en especial el servicio de revisión de textos, un servicio gratuito para empresas de 10 o menos trabajadores que pretende garantizar que las empresas y tiendas tengan en catalán –y en un catalán de calidad– la rotulación y la documentación.

Durante las inspecciones, se ha hecho también una observación sociolingüística en la que se ha podido comprobar que el 100% de los establecimientos observados cumplen la Ley de política lingüística en lo que se refiere al rótulo principal o que el catalán es de entrada la lengua de atención al público en un 90% de los comercios de las localidades donde se han llevado a cabo estas visitas.