Illa exige a Sánchez que la ley que veta la colaboración privada en la sanidad pública exima a Cataluña

• Esther Jaén
• Corresponsal política en OKDIARIO. Colaboradora y analista política en radio y televisiones. Te leo en esther.jaen@okdiario.com
• • 13/02/2026 05:45
  • Actualizado: 13/02/2026 05:45

El anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende vetar la colaboración del sector privado en la sanidad pública ha caído como una bomba en el Gobierno de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa. Los socialistas catalanes con Illa a la cabeza han exigido al Ejecutivo de Sánchez que la futura ley exima a Cataluña y no modifique un ápice su sistema sanitario, que se  apoya en diferentes conciertos con el sector privado sanitario desde sus inicios.

El mismo martes pasado, recién aprobado el texto legal en el Consejo de Ministros, saltaron las alarmas en el Palau de la Generalitat y de inmediato advirtieron a la Moncloa de sus exigencias: «La futura ley no puede afectar a nuestro SISCAT, Cataluña tiene que estar exenta de esas restricciones».

El SISCAT es el sistema sanitario y asistencial catalán, que combina todos los efectivos de la sanidad pública catalana con diferentes conciertos con otras empresas del sector privado sanitario, y asistencial, que suplen o complementan a la sanidad catalana allá donde ésta no puede llegar, tal como se recoge en el Decreto 196/2010, de 14 de diciembre, del sistema sanitari integral d´utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Ya en su preámbulo, el mencionado decreto establece que al realizarse el traspaso de la sanidad a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en 1981, «se evidenció la necesidad de contar con los hospitales concertados de forma continuada y estable para garantizar la asistencia sanitaria, puesto que los centros traspasados resultaban insuficientes para atender al número de personas beneficiarias susceptibles de utilizar estos servicios en Cataluña».

Ese «apoyo» de los hospitales concertados se viene manteniendo de forma invariable, desde que la Comunidad Autónoma de Cataluña asumió las competencias en materia de sanidad que le transfirió el Estado. De hecho, Cataluña fue la primera comunidad que asumió las competencias en materia de Sanidad, en un proceso que se inició en 1981 y culminó en 1986.

Según fuentes del socialismo catalán, la lectura rápida del anteproyecto de Ley presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García «nos puso los pelos de punta y dimos la voz de alarma rápidamente». Estas fuentes señalan que, por un momento se temieron que, por poner freno o meter el dedo en el ojo a Isabel Díaz Ayuso, podrían perjudicar la propia configuración del SISCAT.

Sin embargo, la ministra de Sanidad, ha entendido perfectamente el mensaje. Mónica García, tratando de calmar los ánimos en la Conselleria de Salut de Cataluña, se ha puesto «manos a la obra». En una entrevista en RNE, la ministra ha puesto nombres y apellidos a los objetivos de su anteproyecto de Ley: «Quiero acabar con el chollo que tiene la señora Ayuso y con esa malversación de caudales públicos en la Comunidad de Madrid», aseguraba la ministra.

Junto a la Comunidad de Madrid, la ministra ha señalado el Hospital de Alzira, de la Comunidad Valenciana, como otro ejemplo de los sistemas que pretende erradicar con su ley. Pero de los conciertos sanitarios en Cataluña, ni una palabra. En el gobierno catalán se dan por satisfechos con las explicaciones de Mónica García y las garantías ofrecidas desde Moncloa.