Igualdad no controla el destino de los 80 millones que el Gobierno gasta contra la violencia de género
El Ministerio tampoco tiene aún información detallada de las actuaciones contra el maltrato del Pacto de Estado
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El Ministerio de Igualdad no supervisa el destino de los 80 millones de los que se dota anualmente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que los ministerios acometan distintas actuaciones en la protección de la mujer. Pese a tratarse de un asunto directamente ligado a sus competencias, el departamento de Irene Montero se deriva a la Comisión de Seguimiento del pacto, en el Congreso, como la «responsable del seguimiento y control anual del destino de estos recursos».
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género atribuye a dicha comisión las labores de fiscalización. Pero nada impide que el Ministerio de Igualdad, dada la relevancia de esta materia, lleve a cabo un control.
En respuesta a OKDIARIO, Igualdad alega que «las inversiones a realizar por la Administración General del Estado en desarrollo del Pacto deben consignarse en las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado a instancias de cada uno de los departamentos ministeriales involucrados, en sus correspondientes programas de gastos, sin que desde la Delegación del Gobierno contra la violencia de género se efectúen transferencias de crédito a dichos departamentos ministeriales ni se lleve a esos efectos un control de la justificación de la ejecución de los gastos».
Este periódico se interesó por la vigilancia de los fondos contra la violencia de género después de que la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, revelase la ausencia de supervisión. «Hay que hacer autocrítica, uno de los aspectos que nosotras mismas hemos seguido de cerca y lamentado es la capacidad que teníamos de seguimiento del cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado y la financiación que tenían asociada», admitió la alto cargo del departamento de Montero.
Rodríguez Pam reconoció que «aún es muy complejo» para la Administración rastrear el destino de esos fondos».
«Es un error que tenemos que reconocer, que a día de hoy no tenemos claro qué ha pasado o dónde están exactamente dedicados los 80 millones de euros que comprometía el Pacto de Estado [contra la Violencia de Género] en la Administración General del Estado», añadió, para concluir que el destino de esos fondos no se conoce «de forma detallada».
A la vista de la respuesta, el propio ministerio tampoco se ha molestado en conocerlo. El Pacto de Estado establece que las partidas «serán incrementadas en 80 millones de euros adicionales al año», que se distribuyen principalmente entre los ministerios de Sanidad, Igualdad, Justicia, Interior y Educación.
Igualdad sólo se ocupa de recopilar la información remitida por estos departamentos acerca del grado de cumplimiento de las medidas asignadas. Seis años después de la aprobación del Pacto de Estado no se dispone aún de información.
El Ministerio de Irene Montero afirma que se han diseñado unas «fichas de recogida» y un «sistema de indicadores de seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento y desarrollo de cada una de las medidas». Apuntan que «la aplicación informática ya está finalizada y se ha empezado la recogida de información por parte de los diferentes departamentos ministeriales».
Este sistema sirve para evaluar el «grado de desarrollo de las diferentes medidas» del Pacto de Estado y las «actuaciones llevadas a cabo para su implementación», además del coste.