Iglesias recupera el «¡exprópiese!»: dice que toda la riqueza del país debe estar al servicio del Gobierno

El vicepresidente Pablo Iglesias sigue decidido a aprovechar el estado de alarma para imponer su agenda comunista. En el más puro estila chavista, el líder de Podemos defiende la nacionalización de empresas y sectores económicos como receta mágica para vencer a la epidemia del coronavirus y a los efectos demoledores que va a tener sobre los datos de empleo.

Iglesias ha publicado esta tarde en Twitter un fragmento de la rueda de prensa ofrecida por la ministra Yolanda Díaz para anunciar las medidas del Gobierno. Y ha acompañado este vídeo con una cita de su artículo favorito de la Constitución, el 128.1: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».

El líder de Podemos sostiene así que toda la riqueza del país debe ser puesta al servicio del Gobierno, especialmente en una situación excepcional como la epidemia provocada por el coronavirus.

Pero el artículo 128.1 de la Constitución ni siquiera significa lo que cree el vicepresidente Pablo Iglesias: ni implica abolir la propiedad privada, ni permite expropiar empresas o requisar bienes sin indemnizar debidamente al afectado.

Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución) #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/nLP6VYPvkB

— Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) March 29, 2020

Durante el Consejo de Ministros que debatió la declaración del estado de alarma, Pablo Iglesias ya defendió que el decreto debería ir mucho más lejos, hasta dejar la puerta abierta para nacionalizar las empresas del sector eléctrico.

El decreto aprobado finalmente sí permite al Gobierno intervenir empresas y realizar requisas, además de poner la sanidad privada bajo las instrucciones del Ministerio que dirige el socialista Salvador Illa.

Aplicando la doctrina de Pablo Iglesias, el Gobierno de Pedro Sánchez inauguró el estado de alarma anunciando que había requisado 150.000 mascarillas que ocultaba una empresa en Andalucía. En realidad, el Gobierno sustrajo el material sanitario que una empresa de Jaén estaba fabricando para la Junta de Andalucía,que quedó así desabastecida para atender a los enfermos.

Esa política de requisas provocó además la desconfianza de los principales proveedores de material sanitario y ha puesto en apuros a las Comunidades autónomas para poder conseguir equipos de protección para su personal sanitario.