Iglesias explota el miedo por las amenazas con 26 escoltas y 214.263 € en subvenciones para seguridad

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 03/05/2021 06:51
  • Actualizado: 18/09/2024 10:57

El Ministerio del Interior ha acordado reforzar las medidas de protección para el ministro Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil María Gámez y el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid Pablo Iglesias tras las cartas con balas recibidas la pasada semana. En los últimos días, Iglesias ha agitado la inseguridad que le produce estar en el centro de las amenazas «fascistas». Sin embargo, el dirigente podemita está blindado con hasta 26 escoltas, como publicó OKDIARIO, y su partido recibe al año 214.263 euros para gastos de seguridad.

Se trata de las subvenciones que, trimestralmente, reciben las formaciones con representación parlamentaria destinadas a «sufragar los gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos» para «mantener su actividad política e institucional».

La asignación tiene su origen en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó plasmada en el Real Decreto 1036/2011, de 26 de septiembre. Así, la protección se justifica en el texto porque «la Constitución Española atribuye a los partidos políticos una función esencial en todo Estado democrático: servir de cauce para la expresión del pluralismo político, concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular y ser instrumento fundamental para la participación política».

En los gastos subvencionables se incluye la protección de las sedes (tanto el personal de seguridad como el acondicionamiento e instalación de alarmas, cristales de seguridad, persianas, cerraduras, videocámaras, controles de acceso, etcétera) y de las personas. En este punto, el artículo 8 recoge como tales los gastos en la contratación de servicio de escolta, siendo subvencionable «la retribución bruta del personal contratado así como los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones». Además, el partido puede incluir como tales la utilización de vehículos blindados, inhibidores de señales, GPS o auriculares de teléfonos de confidencialidad en los vehículos.

El Estado también corre a cargo de los gastos que se deriven del software necesario para controlar el acceso a las sedes, proteger la información que en ella se disponga y cualquier otro relacionado con la seguridad, así como de la protección de actos públicos y eventos (personal de seguridad y acondicionamiento de espacios).

Los partidos tienen la obligación de utilizar este dinero conforme a las condiciones establecidas y presentar la justificación de dicho cumplimiento al Tribunal de Cuentas, que ejerce de órgano fiscalizador. En caso contrario, deberán proceder a su reintegro total o parcial.

Escoltas

El departamento de Grande-Marlaska ha anunciado que reforzará la protección del líder podemita «en atención a la valoración del riesgo por la actual amenaza» después de que Iglesias recibiese la pasada semana una carta con cartuchos de bala en su interior. En un documento de la Secretaría de Estado de Seguridad, se pide que debido a la recepción de esas cartas «con contenido amenazante» se adopten «de acuerdo con su ámbito competencial» las medidas de protección que, «en atención a la valoración del riesgo por la amenaza actual, considere precisas y necesarias para garantizar la seguridad».

Según publicó OKDIARIO, cuando era vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias disponía de 13 funcionarios policiales para su escolta dinámica.

Por su parte, Irene Montero tiene asignados 9 escoltas como ministra de Igualdad. La pareja dispone de otros 12 agentes que vigilan su vivienda, en la localidad madrileña de Galapagar. Tras la salida de Iglesias del Ejecutivo para concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid, la cifra ronda los 26 agentes destinados a la protección de ambos dirigentes podemitas. Un dispositivo suficiente, señalan las fuentes policiales consultadas por este periódico, para protegerles de cualquier amenaza.

Iglesias ha aprovechado el envío de cartas amenazantes -cuya procedencia se investiga- para criminalizar a la «ultraderecha» y denunciar la sensación de inseguridad que vive en su día a día.

«Es una situación insoportable», dijo este lunes, en unas declaraciones remitidas por su equipo de campaña a los medios de comunicación, después de que la ministra Reyes Maroto recibiese otra carta con una navaja ensangrentada, enviada por un enfermo mental. «No puedo salir con mis hijos a dar un paseo por el parque porque tengo que ir rodeado de policías y cada semana me dicen que van a reforzar el dispositivo porque detectan amenazas reales», se quejó.