Guardias civiles padres de alumnos marginados en Cataluña piden cuentas a Ciudadanos por no apoyarlos
El portavoz del partido en Sant Andreu de la Barca asegura que su papel “no es ponerse de parte de unos u otros”
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Antes del 1 de octubre de 2017 Sant Andreu de la Barca y su instituto de educación secundaria no eran más que una localidad catalana y un centro educativo. Después se convirtió en el paradigma de lo que supone para unos chavales ser hijo de guardias civiles en Cataluña y ser señalados dentro de su propio centro educativo como los hijos de los que apalearon a un pueblo por querer votar. Eso es lo que esos chicos llevan escuchando desde entonces ante la impotencia de sus padres, quienes ahora asisten estupefactos a las declaraciones de un concejal de Ciudadanos que, lejos de protegerlos, ahora asegura que lo que pasó en aquel centro educativo fueron “malentendidos”. Ahora algunos padres exigen que explique sus palabras.
Xavier Pla forma parte del equipo de gobierno del ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, el mismo que miró hacia otro lado cuando desde el referéndum ilegal del 1 de octubre a los hijos de guardias civiles matriculados en el centro se les dejaba en clase cuando el resto de los alumnos se manifestaban en el patio “contra la represión” o se les obligaba a ser identificados como hijas e hijos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Tal fue la presión recibida por estos alumnos que el asunto acabó en los tribunales, donde la causa se archivó por no encontrar responsabilidad penal en el asunto.
Pues ahora, el concejal Pla, en una entrevista concedida a un medio local, ha reiterado que no hubo adoctrinamiento sino “malentendidos” por la situación y el contexto. Además, el concejal asegura que, si el consistorio no se posicionó más cerca de los alumnos señalados por el profesorado simpatizante con el independentismo fue porque “el ayuntamiento no ha de ponerse ni de un lado, ni de otro, hemos de mediar para que no haya conflicto”. Estas palabras han calado hondo en algunos padres guardias civiles que tuvieron que asistir día sí y día también a cómo sus hijos regresaban llorando a casa sintiéndose víctimas del acoso de algunos de sus profesores y compañeros.
Uno de esos padres, miembro de la Guardia Civil, tiene clara su postura: “Un ayuntamiento no ha de ser equidistante, eso se llama cobardía. Un ayuntamiento coherente y con vergüenza debe posicionarse y atenerse a las consecuencias de sus decisiones. Ser ambiguo suele acabar con diáspora de gente desencantada y traicionada”.
La vehemencia de estas palabras no son más que el reflejo de años de sentimiento de rechazo de familias de profesionales que se ven cada día menos respaldados por las instituciones públicas. De hecho, este padre no vincula necesariamente lo que ocurrió en el instituto de su hijo al hecho puntual del referéndum ilegal. A su juicio aquello agravó la situación, pero asegura que el adoctrinamiento “sucede todos los días en centros escolares de Cataluña, pero lo que sucedió allí fue directamente odio por parte de algunos que fueron tan miserables como para señalar y acosar a unos menores únicamente por el trabajo de sus padres”.
Los niños aislados y acosados a ojos de sus padres en Sant Andreu de la Barca no llegan a la docena y hoy algunos siguen necesitando de terapia psicológica para dejar atrás aquellos días, por eso a estos padres les sorprende que los cargos públicos que vivieron muy de cerca lo que pasó en aquel instituto lo citen ahora como una tormenta de verano. Es el momento de refrescar la memoria.
Fue la Fiscalía quien, en un escrito de acusación, aseguró que en el citado centro educativo algunos profesores usaron expresiones como “animales”, “bestias que solo saben dar palos”, “parecen unos perros rabiosos” y “salvajes” para referirse a las actuaciones de guardias civiles en Cataluña comisionados para evitar la celebración del referéndum ilegal. El problema es que estas expresiones las profirieron en un centro con alumnado hijos de guardias. Nueve acabaron juzgados y la causa se archivó, pero ojo, no porque se probara que no dijeran lo anterior, sino porque el tribunal no lo consideró delito de odio.
«Expresiones inadecudas»
«En todo caso, si se estimara que aquellas (las expresiones) se han producido, podrían entenderse -sin duda- como totalmente inadecuadas, inapropiado, fuera de lugar o imprudentemente vertidas, teniendo en cuenta el ámbito en que se profirieron y la corta edad de los menores, pero en modo alguno como constitutivos de un acto de incitación, siquiera indirecto, al odio o a la violencia», dijo el auto de archivo.
Hubo demasiada tensión en presencia de hijos de guardias civiles en aquel centro educativo de Cataluña como para que ahora un concejal de Ciudadanos diga que sólo fue un malentendido, así que si el malentendido lo protagonizó él será mejor que lo aclare más pronto que tarde.